Las empresas proveedoras y distribuidoras no podrán cortar ni suspender los suministros básicos por mora, durante la totalidad de la vigencia del estado de catástrofe por la pandemia de Covid-19.
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La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una indicación sustitutiva presentada en acuerdo entre quienes promovieron cinco mociones para asegurar los servicios básicos durante la crisis que afecta al país.
La norma señala que, decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia de Covid-19 y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras y distribuidoras no podrán cortar ni suspender los suministros básicos por mora.
Se entenderá por servicios básicos el agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.
Las deudas se prorratearán hasta en 12 meses, desde la fecha en la que se levante el estado de catástrofe. La infracción a esta norma arriesga multa de 1.000 a 2.000 UTM en beneficio fiscal.
De acuerdo a lo señalado por la secretaría de la Comisión, la norma es de quórum simple y no necesita pasar por la Comisión de Hacienda, por lo que sería prontamente votada por la Sala.
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS
Previo a la votación, por medio de teleconferencia, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, expuso su evaluación frente a la idea expresada por las y los diputados en las mociones.
Si bien valoró la motivación de entregar un apoyo las familias chilenas frente a este escenario de crisis, expresó la dificultad legal para solicitar cambios tarifarios a las sanitarias.
De acuerdo a lo explicado, la norma que rige a estas empresas, que tiene cerca de tres décadas de existencia, establece un modelo con el que se calculan las tarifas para cubrir los costos de funcionamiento, si esto cambia, las empresas pedirían una readecuación de las tarifas, lo que podría ser perjudicial.
Asimismo, explicó que lo que recaudan las empresas sanitarias, entre un 60 y 80% lo usan para pagar los gastos esenciales de su servicio como personal, energía, productos químicos, deuda, impuestos, etc. Además, señaló que existe al menos un 25% que son de menor tamaño, teniendo incluso solo cien clientes.
Por lo tanto, expresó su preocupación por la posibilidad de darle gratuidad al servicio, pues podría generarse un perjuicio mayor al sector. Aseguró que las empresas más grandes podrían aguantar un mes o dos meses, pero no más que eso, mientras que las más pequeñas no podrían seguir por esta nueva realidad y se afectaría gravemente el servicio.
Frente a ello, planteó la idea de explorar vías de subsidios o bien, apuntar a lo propuesto por iniciativas propuestas en la Cámara que señalan la posibilidad de prorratear las cuentas en los casos de ser necesario.
En su intervención aseguró, además, que las empresas no se encuentran realizando el corte del suministro y que, incluso, en algunos casos, este ha sido repuesto con el fin de no perjudicar las familias en este escenario de crisis sanitarias.
MINISTRO DE ENERGÍA
Por su parte, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien asistió a la comisión, señaló que, durante este tiempo, el Ejecutivo ha estado en conversaciones con las empresas distribuidoras de energía.
En este escenario, aseguró que, actualmente, no hay personas a quienes se les haya cortado el suministro por el no pago de su boleta.
El ministro informó que las compañías no van a suspender los servicios, sino que se estarían promoviendo las repactaciones.
Frente a esto, valoró que el ánimo mayoritario de la instancia sea el de reprogramar y no establecer la gratuidad de los servicios, pues eso podría generar que las distribuidoras no puedan pagar a las empresas transmisoras y generadoras de electricidad.
"Si hacemos una interrupción brusca de la cadena de pago, podemos generar efecto en la capacidad de comprar los combustibles para crear la energía", agregó.
Una situación similar ocurriría con los servicios de telecomunicaciones, que estarían haciendo una gran inversión debido a la mayor cantidad de gente en sus hogares, por lo que, a su juicio, también afecta alterar el pago de los servicios.
En cuanto al gas natural, el ministro indicó que, por lo general, este es usado más en los hogares de ingresos más acomodados, por lo que sería un esfuerzo que no iría en apoyo de los sectores más vulnerables de la población y en quienes se quiere privilegiar el apoyo.
El secretario de Estado planteó también dos alertas. Una en la dirección de que no se puede hacer un llamado masivo a prorratear el pago de las cuentas, sino que sea de manera especial a quienes realmente lo necesiten. En segundo lugar, que el tiempo para este beneficio quede acotado al estado de excepción constitucional.
PURANOTICIA
