Un sector apunta a que "no existen presos políticos en Chile", mientras que quienes defienden la medida argumentan razones "humanitarias".
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Para las 10:30 horas de este miércoles 11 de agosto, la comisión de Constitución del Senado tiene agendada la votación sobre la idea de legislar el proyecto de indulto a presos del estallido social que inició el 18 de octubre de 2019.
No será una votación sencilla dada la contingencia de los últimos dos años en nuestro país. Mientras que un sector apunta a que "no existen presos políticos en Chile", quienes defienden la medida argumentan razones "humanitarias" y un contexto excepcional marcado por el proceso constituyente.
El proyecto fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública el pasado 26 de mayo y desde allí viene siendo tramitado por la comisión de la Cámara Alta enfocada en temas de Constitución. Presidida por el senador Pedro Araya (Independiente), la instancia está compuesta por Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) Y Francisco Huenchumilla (DC).
Precisamente Huenchumilla recalcó lo importante de tramitar el proyecto: "Si el Senado toma la decisión política de legislar sobre esta materia, entonces vamos a entrar al detalle, a la discusión en particular, donde todo lo que aquí hemos escuchado respecto de la naturaleza jurídica de los delitos, respecto de la naturaleza del indulto o de la amnistía van a ser muy apreciados por nosotros".
Diversos abogados han asistido ante la comisión para presentar sus apreciaciones de la medida, promovida por los senadores de oposición Juan Ignacio Latorre (RD), Adriana Muñoz (PPD), Isabel Allende (PS), Alejandro Navarro (PRO) y la presidenta del Senado y candidata presidencial, Yasna Provoste (DC).
Incluso expuso el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien advirtió falta de claridad en los conceptos y recomendó dirigirlo hacia una "amnistía por desórdenes públicos, que no producen daños a terceros".
El fiscal aseguró que la iniciativa "tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer con claridad cuáles son las personas que se encuentran en esta situación".
Las palabras de Abbott se enmarcan en la dificultad para determinar la cantidad de detenidos que podrían aspirar al indulto. Según un reportaje de Ciper Chile publicado el 4 de agosto, al menos 77 personas están en prisión por delitos relacionados con las protestas iniciadas en octubre 2019, aunque no existe total claridad en las cifras dada la ausencia de una categoría judicial para delitos asociados al estallido social.
Por otro lado, también comparecieron ante la comisión los locatarios afectados por las manifestaciones. Ante los senadores, el Director Ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo, acusó que cerca del monumento al General Baquedano se perdieron siete mil puestos de trabajo.
"Cuando hablamos de puestos de trabajo se trata de siete mil personas, padres, madres de familias y mismo número de hogares, que tienen que mantenerlos y que hoy no tienen ingresos gracias a esta violencia inusitada. (...) El 80% de los negocios en el barrio Baquedano sufrieron daño físico", indicó Izquierdo, quien dijo que "liberar a estas personas es darle un puñetazo en la cara para quienes vivieron todo eso".
Desde el otro lado de la vereda, los familiares de los detenidos políticos exigen una rápida tramitación al indulto. Verónica Verdugo, vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos y Presas Políticas y madre de Nicolás Ríos -uno de los detenidos del estallido-, indicó desde el ex Congreso de Santiago que "es indispensable que se le de respuesta y una salida política a la prisión de nuestros hijos".
Por su parte, Paula Palomera, mamá de Nicolás Piña -otro detenido-, apuntó a que "es importante que se vote este proyecto, es una buena salida política para que todo esto decante y podamos liberar a nuestros presos y presas. Lo necesitamos con urgencia. Como madre necesito esta instancia para decir que nuestros niños están preocupados y necesitan ayuda del indulto".
El proyecto cuenta con el apoyo de distintos parlamentarios de la oposición. Además, cuenta con el respaldo de la Convención Constitucional, que el pasado 8 de julio emitió una declaración pidiendo celeridad en el proyecto. Si bien el pronunciamiento no fue respaldado por todos los miembros del órgano constituyente, contó con 105 votos a favor de 155.
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