Cabe señalar que al momento de los hechos, Ernesto Osorio era funcionario activo de la Armada de Chile, entidad que lo dio de baja dos días después.
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La Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó una querella criminal contra el ex cabo 2° de la Armada, Ernesto Osorio Loyola, como autor, cómplice o encubridor del delito de incendio agravado cometido en la iglesia San Francisco de Borja, parroquia de Carabineros, siniestro ocurrido el 18 de octubre pasado, en medio de las manifestaciones por la conmemoración del primer aniversario del estallido social.
Cabe señalar que al momento de los hechos, Osorio era funcionario activo de la Armada de Chile, entidad que lo dio de baja dos días después. Sin embargo, aunque el cabo fue detenido en las inmediaciones de la iglesia emplazada en calle Carabineros, en el centro de Santiago, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que la persona "fue detenida cuando se realizaban barricadas en las cercanías de la iglesia de Carabineros, pero aún no ocurrían los hechos que terminaron con el incendio".
Tras su formalización, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida de firma bimensual mientras dure la investigación del caso.
En la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el presidente de la institución, Carlos Margotta Trincado, apuntó que "en virtud de lo dispuesto en los artículos 111 inciso 2°, 112, 113 y 172 del Código Penal, la querella se interpone en contra del cabo Osorio Loyola, funcionario público perteneciente a la dotación de la Base Aeronaval de Concón, dependiente de la Armada de Chile, y en contra de todos los funcionarios públicos que resulten responsables, sea en la calidad de autores, cómplices o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión".
"Esta inaceptable conducta debe necesariamente llevarnos a analizar y preguntarnos acerca de cuál es la determinación que impulsa a un funcionario de las fuerzas armadas a infiltrarse en manifestaciones pacíficas para transformarlas en actos delictivos y, en consecuencia, criminalizar el legítimo derecho a la libertad de reunión, de expresión y de manifestación, cuyo contenido está consagrado en el ordenamiento jurídico nacional y supranacional", enfatiza la querella.
La acción judicial menciona como "hecho indiciario" lo acontecido con Óscar Cifuentes Salgado, alias "Giovanny Arévalo Álvarez", otro funcionario público, perteneciente a Carabineros de Chile, quien se infiltró en ollas comunes en la población Lo Hermida, en el sector Oriente de la capital, "actuando como verdadero agente provocador -figura delictual y ajena a la normativa vigente que permite infiltraciones o revelaciones en contexto de organizaciones expresamente definidas en la ley- para causar diversos delitos".
PURANOTICIA
