El presidente de la Comisión Chilena de DD.HH., Carlos Margotta, manifestó su preocupación por las cifras de detenidos, señalando que las autoridades pertinentes han dado distintas cifras, lo cual calificó como "muy distantes entre una y otras".
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El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, realizó una exposición en el marco del debate del proyecto que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales.
En su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el abogado respaldó la idea de reparar e indemnizar a las víctimas del estallido social, y detalló que junto a las víctimas, la institución ha interpuesto 48 querellas ante los tribunales y afirmó que se han encontrado con las mismas dificultades que otros querellantes han manifestado.
"Los procesos investigativos instruidos por el Ministerio Público no han avanzado o registran una lentitud que compromete la responsabilidad del Estado en el establecimiento de la justicia y la debida reparación a las víctimas, existiendo presiones indebidas, mediante procesos disciplinarios, amenazas y amedrentamiento a los magistrados sustanciadores y fiscales investigadores", señaló Margotta.
El jurista añadió que a estas dificultades se suman la falta de recursos asignados por el Estado para el cumplimento de esta función y añadió que "el mayor obstáculo ha sido la falta de reconocimiento y rechazo de parte de representantes de los diversos poderes del Estado acera de los permanentes hechos vulneratorios por parte de las policías y militares en contra de la población civil".
Tomando en cuenta estos antecedentes, Margotta afirmó que el proyecto de reparación debe ser aprobado, por cumplir con las disposiciones vigentes en materia de Derechos Humanos y porque "como poder del Estado, el parlamento tiene el deber de establecer mecanismos y procedimientos que permitan garantizar la oportuna y pronta reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, consistentes en homicidios, torturas, pérdida total o parcial de la visión o traumas oculares severos, mutilaciones y lesiones gravísimas, todas cometidas por agentes estatales en contra de miles de chilenos y chilenas por el solo hecho de ejercer el legítimo derecho a la manifestación y protesta social".
Asimismo, el timonel de la Comisión Chilena de Derechos Humanos manifestó su preocupación por las cifras de detenidos, señalando que las autoridades pertinentes han dado distintas cifras, lo cual calificó como "muy distantes entre una y otras" por lo que hizo un llamado a unificarlas.
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