El proyecto actualiza la tipificación del delito de desordenes públicos, modificando el artículo 269 del código penal, incorporando agravantes por porte y uso de armas de fuego, entre otros.
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La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto anti saqueos, iniciativa que tipifica el delito de desórdenes públicos y que endurece las penas para este tipo de hechos.
De esta forma la comisión se reunirá nuevamente este lunes para escuchar a la Defensoría Penal Pública y a la Fiscalía, para luego comenzar con la votación en particular.
Según el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Calisto, y uno de los autores de la iniciativa, el proyecto actualiza la tipificación del delito de desordenes públicos, modificando el artículo 269 del código penal, incorporando agravantes por porte y uso de armas de fuego.
También, detalló, se aumentan las penas para aquellos que generan actos de violencia y que afecten la vida de las personas y puedan causar lesiones graves a terceros.
"Además, aumentan las penas para aquellas personas que producen saqueos, no sólo en instancias como las que vivimos hoy en día, sino también en otras situaciones, como las catástrofes, donde también hemos visto este tipo de conductas. Este proyecto tiene claramente una contundencia mayor, no es una iniciativa comunicacional, sino que va a la profundidad del problema que tenemos en materia de este tipo de delitos", aseveró.
Para el diputado Gonzalo Fuenzalida, otro de los parlamentarios que firmó el proyecto, la iniciativa regula lo que son los desórdenes violentos con una definición bastante más moderna que lo que tiene hoy el Código Penal.
"Hoy va a tener una definición moderna de lo que es el desorden, y en segundo lugar se determinan cuáles son las conductas que agravan en un desorden violento, como lanzar una molotov, como sacar un arma de fuego o como saquear", puntualizó.
El parlamentario, manifestó que si bien la nueva normativa no va a solucionar el problema de la violencia, sí va a tener reglas claras para que los fiscales puedan hacer trabajo y que las policías puedan detener y tener pruebas para que la justicia opere.
"Creemos muy importante la señal que hemos dado de votar en general mayoritariamente para decir que esas conductas son delitos y no pueden ser admitidas en Chile, y las personas que cometen esos delitos se van a enfrentar a la justicia y a penas concretas que hoy lamentablemente en nuestra legislación no están bien cubiertas y tenemos a los fiscales haciendo un trabajo que no es el más eficiente", enfatizó.
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