El cuerpo colegiado lamentó que el ordenamiento jurídico aún establezca la posibilidad de penas corporales, pues puede implicar vulneración de derechos y abrir la puerta a la criminalización de la libertad de expresión
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Ante la información entregada por el abogado Juan Pablo Hermosilla sobre la presentación de una querella en contra de Revista Qué Pasa y el equipo periodístico vinculado a la filtración de escuchas telefónicas que aludía a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, la Directiva del Colegio de Periodistas de Chile lamentó que el ordenamiento jurídico aún establezca la posibilidad de penas corporales a ciudadanos y periodistas, pues puede implicar vulneración de derechos y abrir la puerta a la criminalización de la libertad de expresión .
Declaración pública
La defensa del derecho a la comunicación, la libertad de expresión y de prensa, así como el respeto a la honra de las personas, son principios y valores que deben ser defendidos por toda sociedad con estándares democráticos. Esto está instituido en los artículos cuarto y vigésimo quinto del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile.
Existen múltiples ocasiones en que tales principios entran en colisión y es deber de la sociedad y los ciudadanos hacer un análisis sobre la forma de dirimir tales circunstancias buscando, en todo momento, cautelar el interés público y las garantías individuales. En este sentido, compartimos el hecho de que todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a ejercer las legítimas acciones sociales y legales que estime pertinente cuando sienta que su dignidad ha sido vulnerada.
Dicho lo anterior, recordamos que como orden profesional rechazamos que la actual normativa del país, alojada en el artículo 29 de la Ley de Prensa, aún aluda al Código Penal y establezca la posibilidad de penas corporales a ciudadanos y periodistas, pues puede implicar vulneración de derechos que consideramos fundamentales y abrir la puerta a la criminalización de la libertad de expresión y prensa. Sin perjuicio de ello, los medios de comunicación tienen un rol social y ético, por lo que no pueden eludir eventuales responsabilidades civiles ulteriores a la publicación de sus contenidos.
Tal como establecen los principios de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH para este tipo de materias, creemos que debe entenderse que los representantes del Estado están permanentemente más expuestos a ser escrutados y que temas vinculados con su vida personal y pública pueden ser difundidos a través de los medios de comunicación, por existir eventuales aspectos de interés público involucrados. Y eso es parte del rol de la prensa en toda democracia.
Más aún, si bien reconocemos el derecho de todo ciudadano a ejercer las acciones legales vigentes en nuestra institucionalidad jurídica, consideramos que en este caso en particular es difícil la separación entre la ciudadana Michelle Bachelet y la Presidenta de la República. Por eso, creemos que la decisión adoptada no es el mejor camino, consideramos más adecuado seguir canales éticos para debatir este tipo de materias. Los tribunales de ética del Colegio de Periodistas, que puede reflexionar al respecto más allá de si hay profesionales colegiados involucrados, está disponible para abordar esta discusión y sugeriremos poner esta situación en tabla del próximo Consejo Nacional de la orden.
Reafirmamos, asimismo, nuestra completa solidaridad con los colegas redactores de la nota en cuestión y aludidos por la acción judicial, quienes no pertenecen a nuestra orden profesional, ya que nos parece son los últimos responsables de la publicación llevada adelante por el medio. Del mismo modo, reafirmamos que el debate sobre el rol y procedimientos de la prensa es fundamental, actuando siempre de forma de velar por el interés público y respetando la dignidad de las personas, lo cual requiere de procedimientos de resguardo ético y profesional sobre la forma en que se entrega toda información.
PURANOTICIA
