El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, indicó que el Hospital Parroquial “tiene una declaración de principios escrita hace muchos años, en la cual se señala que en el recinto no se realizarán acciones contrarias a la vida humana y que quienes trabajan en el hospital deben adquirir ese compromiso”.
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Luego de que el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dijera que en este recinto no realizaría abortos ni contrataría a médicos que estuvieran de acuerdo con hacerlos, ahora se sumaron a esta postura la Clínica Universidad de los Andes y el Hospital Parroquial de San Bernardo.
Las razones de estas instituciones apuntan a la "objeción de conciencia y a los valores institucionales".
Según consigna El Mercurio, el director médico de la Clínica de los Andes, Ricardo Espinoza, manifestó que "no realizaremos abortos, porque como institución y como profesionales, estamos comprometidos con el respeto del derecho a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural".
Añade que no creen que "la solución a la tragedia de un embarazo producto de una violación sea recurrir a la tragedia superior del aborto, como tampoco suprimiremos el derecho a la vida de aquellos niños que reciben el diagnóstico prenatal de inviabilidad fetal".
"Nuestra experiencia profesional nos confirma que para la salud física y mental de esas madres es mejor continuar con ese embarazo, recibiendo de parte de nuestros profesionales todo el apoyo y orientación para sobrellevar de la mejor manera ese proceso", enfatiza el profesional.
A su vez, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, indicó que el Hospital Parroquial "tiene una declaración de principios escrita hace muchos años, en la cual se señala que en el recinto no se realizarán acciones contrarias a la vida humana y que quienes trabajan en el hospital deben adquirir ese compromiso".
Agrega que hay que "respetar la vida humana del que está por nacer bajo cualquier circunstancia, ya sea una violación, sea una malformación que pueda influir en la vida futura del niño, o sea una enfermedad de la madre".
La polémica surge ya que la nueva legislación supone esta intervención como una prestación médica más. El obispo González explica que esto "sería una injusticia tremenda contra las personas y una arbitrariedad", ya que "nos quitan los fondos para atender a los 150 mil beneficiarios del hospital".
Pn/gm
Agencia Trayectos.
