Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, declaró ayer en la tarde ante la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que analiza este tema.
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A ninguna conclusión definitiva respecto de la posibilidad de querellarse en el caso de la fusión entre las AFP Cuprum y Argentum ha llegado a la fecha el Consejo de Defensa del Estado (CDE), según declaró ayer en la tarde el presidente de la institución, Juan Ignacio Piña, ante la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que analiza este tema.
"Hasta este momento, con este grado de antecedentes, lo que no significa prejuzgar ni en un sentido ni en otro, nosotros no hemos llegado a ninguna conclusión", remarcó, acotando luego que están aún en la etapa de revisar los antecedentes para ver si una de las vías en estudio abre la puerta de ingreso para una eventual querella.
Aclaró que, cuando se trata de delitos tributarios, la facultad de querellarse está radicada en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y recalcó que, salvo que dicha institución lo solicite expresamente, el Consejo no tiene vía de entrada.
Piña especificó que sí tienen opción de presentar una acción judicial cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o de aquellos que irroguen perjuicio patrimonial para el fisco, que no sean del orden tributario.
"Esa es la línea que se está revisando en este minuto, como se suele hacer cada vez que el Ministerio Público nos comunica a nosotros la existencia de investigaciones donde se pueden dar los supuestos de legitimación que tiene el Consejo", detalló.
Explicó que, si bien los actos de la administración gozan de una presunción de legalidad, esta es una presunción que puede desvirtuarse cuando aparecen vicios que hacen que se cuestione esa legalidad. "Por lo tanto, esas son vías de impugnación de actos administrativos en las que el Consejo, eventualmente, también puede participar", agregó.
Señaló que, básicamente, hay dos delitos que se presentan habitualmente en casos como este: los vinculados a prevaricación administrativa, es decir, la dictación de resoluciones por parte de funcionarios públicos, del orden administrativo y no judicial, de resoluciones manifiestamente injustas, es decir, contrarias a la ley; y el cohecho, que puede encontrarse en situaciones en que particulares reciben beneficios u operaciones que se permiten hacer con la quiescencia de ciertos funcionarios públicos.
Consultado si la Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, está siendo investigada en alguna de estas dos vías, Juan Ignacio Piña recalcó que hay muchos funcionarios públicos que han intervenido en operaciones de esta naturaleza, tanto en el propio SII, como en la Superintendencia y que lo que suele hacerse en estos casos es un escrutinio de todas y cada una de las intervenciones que allí se tuvieron.
Estimó que, muchas de las actuaciones están perfectamente ajustadas a la ley y que aquellas que pueden merecer algún reparo, después del primer análisis, será necesario escuchar exactamente de qué se trata.
"Más allá de los antecedentes, hay ciertas líneas que deben investigarse claramente, lo está haciendo el Ministerio Público. Hay ciertas cosas que desde una perspectiva, al inicio, requieren de una explicación y que, hasta este minuto, por lo menos de los antecedentes que nosotros hemos recabado, esas explicaciones todavía no están", acotó.
Finalmente, señaló este caso conlleva una investigación que está desformalizada, por lo que no hay plazos concretos que cumplir, y resaltó que el tiempo que demore la etapa en el Comité Penal dependerá de las dudas que surjan entre los consejeros y las líneas investigativas que se estén siguiendo.
Pn/cp
ATON CHILE
