El Consejo de Defensa del Estado apunta también al diputado Jaime Mulet por la calidad de copartícips en dicho ilícito, como asesores de la citada municipalidad en la época de la comisión de los ilícitos.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó presentar una segunda ampliación de la querella criminal interpuesta en el marco de la investigación penal por delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno cometidos en perjuicio de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en la región de Atacama.
La ampliación se dirige en contra de los funcionarios municipales Osvaldo Delgado Quevedo; Jaime Bahamondes Cabrera y Jorge Brito Gajardo por su participación en el delito de cohecho pasivo del artículo 248 bis del Código Penal.
Asimismo, imputa a los abogados Carlos Hernán Bosselin Correa, Ramón Briones Espinoza y el diputado (FRVS) Jaime Mulet Martínez la calidad de copartícipes en dicho ilícito, como asesores de la Municipalidad de Tierra Amarilla en la época de la comisión de los ilícitos.
Y sobre este hecho se refirió el parlamentario en un punto de prensa, quien declaró que jamás ha "participado de cohecho alguno".
"Me he enterado hacer un par de horas que el Consejo de Defensa del Estado ha ampliado una querella donde involucra a un conjunto de personas y a los abogados Hernán Bosselin, Ramón Briones y Jaime Mulet, como coparticipes de un presunto cohecho pasivo que habría ocurrido hace cinco años o más, (en ese) entonces yo no ejercía la función parlamentaria ni función pública alguna".
Bajo ese contexto, el diputado agregó que "yo no nunca fui ni he sido abogado de la Municipalidad de Tierra Amarilla, ni jamás he recibido retribución alguna, nada de nada. Tras mirar la miseria en muchos sectores de Tierra Amarilla destruidos también por las operaciones de Minera Candelaria, sin tener cargo público alguno, el año 2013 logré que la prestigiosa oficina de abogados Bosselin y Briones, se aliara con el municipio para que demanden a dicha empresa y busquen compensaciones a la abusada comunidad de aquella zona".
"Es el mismo caso donde un medio de comunicación filtró una declaración hace cerca de un año y medio donde se me pretendió involucrar. Yo en aquel entonces hice una presentación en la Fiscalía de Copiapó, poniéndome a disposición de la investigación. (...) Nunca ni si quiera se me ha citado a declarar. Nunca he recibido salario ni compensación alguna en dicho caso, jamás he participado en cohecho alguno y he condenado siempre la corrupción, y también la corrupción en dicho municipio", sostuvo.
Luego complementó diciendo que "no pueden convencerse de que alguien trabaje gratis porque prefiere y defiende el servicio público. Yo amo mi región y diseñé un esquema para que una comuna pobre como Tierra Amarilla acceda a justas compensaciones, me siento orgulloso de ello".
Finalmente, Jaime Mulet hizo un emplazamiento al Ministerio Público para que "actúe con celeridad. Viene hace tres años investigando este acuerdo que hubo entre Tierra Amarilla y esa compañía minera, y le reitero públicamente que vean todo mi accionar, completamente en este caso, cuentas y lo que estimen necesario. Han tenido 3 años, pero que no se presten para maquinaciones de poderosos".
Adicionalmente, el CDE atribuye responsabilidad al abogado de la Compañía Contractual Minera Candelaria, Miguel Troncoso Guzmán, por su participación en el delito de cohecho activo o soborno del artículo 250 del Código Penal; así como la responsabilidad penal que cabe a dicha persona jurídica de derecho privado en el mismo delito de soborno, en relación a lo dispuesto en el artículo 1°de la Ley N° 20.393.
Anteceden a la ampliación la querella presentada por el CDE con fecha 7 de octubre de 2019 y la ampliación de 18 de mayo de 2020 por delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno, en contra del suspendido alcalde Osvaldo Delgado, del abogado Miguel Troncoso y de todos quienes resulten responsables de esos y otros ilícitos que puedan determinarse conforme con el desarrollo de la investigación penal.
"El CDE interpondrá la ampliación de su querella criminal de acuerdo con las atribuciones que le otorga su Ley Orgánica y que lo facultan a intervenir judicialmente en aquellos delitos eventualmente cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones", precisó en su sitio web el organismo.
PURANOTICIA
