Sin embargo, los abogados querellantes rechazaron de plano la negociación, que contempla una millonaria indemnización
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La Fiscalía Occidente logró un acuerdo con las defensas de los imputados para poner término a la investigación del caso tsunami, tras la fallida alerta tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
El acuerdo dejaría a los imputados con suspensión condicional del procedimiento, esto, a cambio de una indemnización de más de 240 millones de pesos. Los montos serían los siguientes:
Patricio Rosende: 80 millones de pesos.
Carmen Fernández: 40 millones.
Johaziel Jamett: 2 millones.
Los exmarinos imputados, el ex director del SHOA Mariano Rojas, el exjefe de operaciones Andrés Enríquez y el exoficial Mario Andina, deberán cancelar $40 millones cada uno.
Según consignó Radio Cooperativa, uno de los abogados querellantes, Carlos Fairlie indicó que "como lo he plasmado yo desde un comienzo, esto fue un acuerdo a espaldas de las víctimas y desde esa perspectiva no podemos estar conformes con algo que ni siquiera fue comunicado en su oportunidad"
En la misma línea el abogado Raúl Meza, también querellante en este caso rechazó de plano este acuerdo y adelantó que como parte del proceso se va a oponer tenazmente a la suspensión condicional del procedimiento, adelantando que será la Corte de Apelaciones quien deba resolver.
El acuerdo deberá ser ratificado el 14 de marzo, en el Centro de Justicia en Santiago, cuando se inicie la audiencia de preparación de juicio oral.
