La Corte de Apelaciones decidirá este lunes, si ratifica o anula el acuerdo al que llegaron los imputados con la fiscalía y que involucra una indemnización de 2 millones de pesos para cada familia de las víctimas.
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La Corte de Apelaciones de Santiago analizará este lunes el acuerdo que dejó sin sanción penal a los responsables de la fallida alerta de Tsunami, que significó la muerte de 104 personas el 27 de febrero del 2010.
Durante esta jornada, en la undécima sala del tribunal de alzada capitalino se discutirá si el recurso de apelación presentado por los abogados de los querellante, que busca revertir el fallo de primera instancia de la jueza Carolina Gajardo, que el 7 de abril pasado acogió los argumentos del fiscal José Luís Pérez Calaf y las defensas de los imputados para aplicar la suspensión condicional del procedimiento.
Los imputados en el denominado caso Tsunami.el ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex jefe de alerta temprana de este organismo, Joziael Jamett, y los ex miembros del SHOA, los marinos Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina, quedaron sin sanción penal al ser aceptada una salida alternativa, que dice relación con una indemnización para las familias de las víctimas.
Esta debería pagarse en tres cuotas, de aquí a marzo del próximo año, 235 millones de pesos, 2 millones 250 mil pesos para cada familia, además de10 millones de pesos para realizar un seminario.
Carlos Farirlie,uno de los abogados querellantes en el caso, comentó a CNN Chile que, "la Fiscalía no puede en un caso como éste, en donde hay más de 156 fallecidos y que tiene una connotación pública cómo ésta, terminar un acuerdo a espaldas de las víctimas y que el Tribunal designara finalmente una medida en donde las familias recibirán un poco más de $2 millones, es una cantidad que no se condice con la magnitud de la catástrofe (...) tampoco se condice con la Ley Orgánica del Ministerio Público y se vuelve arbtiraria", señaló.
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