En fallo dividido, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal desestimó la acusación de la Fiscalía centro Norte. Así termina una historia de casi seis años... sin ningún culpable y con los consumidores como los grandes perdedores.
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Por Matías Seccatore
Iba a ser el tema del día. Este martes se daba a conocer el veredicto del bullado caso "Colusión Farmacias", donde diez altos ejecutivos de las tres cadenas más grandes de ese rubro, enfrentaban cargos de haber elevado artificialmente el precio de medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008.
Pero el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, en fallo dividido, absolvió a todos los imputados, luego de estimar que no hubo pruebas suficientes para comprobar que las farmacias estuvieran coludidas. Las magistrados María Inés Collins y Laura Assef desestimaron lo planteado por la Fiscalía Centro Norte, con el voto disidente del juez José Flores.
Cabe recordar que este caso vio la luz en 2008, un año después de la famosa guerra de precios de las farmacias, una fuerte campaña publicitaria entre Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Fasa, por atraer a los consumidores, y que tuvo acusaciones de campañas desleales. Esto, habría provocado el descalabro en el precio de ciertos fármacos, lo que habría producido más tarde que las tres cadenas inflaran artificialmente los precios, en desmedro de los propios consumidores.
Aún más, en 2012, las tres cadenas debieron pagar una multa de de 20 millones de pesos, impuesta por el Tribunal de Libre Competencia, por coludirse y subir el precios de al menos 222 medicamentos.
Pero la historia no terminó ahí. En julio de 2013 se acordó un pago de más de $255 millones que a título personal debían cancelar los altos ejecutivos involucrados en el caso como parte de una suspensión condicional del procedimiento que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, dando pie al juicio oral que se inició en marzo de este año y que dio lugar a esta resolución absolutoria en la arista penal del caso.
Tras conocer el veredicto, el fiscal Jaime Retamal informó que analizará los fundamentos del fallo para evaluar si recurre de nulidad, destacando que se dieron por acreditados los hechos de la acusación y la existencia de un fundado voto disidente que acogió la imputación del Ministerio Público.
"No faltaron pruebas, entendemos que hubo pruebas relevantes, consistentes, coherentes entre sí que permitió establecer la existencia de un mecanismo de acuerdo de precios y la participación directa de los acusados en estos hechos", expuso el fiscal.
El próximo 28 de julio el tribunal dará a conocer el fallo, oportunidad en que la Fiscalía, tras analizar los fundamentos, resolverá si recurre de nulidad.
Las respuestas del mundo político no se hicieron esperar. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, reiteró este martes la necesidad de fortalecer la institucionalidad de defensa de la libre competencia y recordó que el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso tipifica específicamente el delito de colusión en el Código Penal, castigando con penas de entre cinco años y un día y diez años a los ejecutivos que organicen o participen en esta clase de acuerdos.
"Nos parece que conductas tan graves y tan nocivas como la colusión deben ser sancionadas criminalmente. El desenlace de este caso refuerza la necesidad de mejorar las herramientas para combatir la colusión, que es la más grave de las conductas contra la libre competencia. No solo porque afecta la economía, sino porque puede causar también un perjuicio directo a los ciudadanos", afirmó el secretario de Estado.
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