Los seis acusados deberían dar una compensación económica de $246 millones a las familias de las víctimas del terremoto y posterior tsunami del 2010
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La Fiscalía Occidente, se abrió este martes, a la opción de negociar una salida alternativa o "suspensión condicional del procedimiento". El pacto beneficiaría a los seis imputados por la fallida alerta de tsunami, tras el terremoto del 2010.
Esta salida alternativa al juicio oral se realizaría a cambio de una compensación a los familiares de las víctimas del Tsunami. La cifra total alcazaría en $245 millones, según consigna Emol.
Así el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende; la ex directora de la ONEMI, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia del SHOA Mario Andina, evitarían la prolongación de un proceso judicial que lleva ya cinco años.
El dinero de la indemnización será destinado a una universidad con el propósito de hacer un estudio para un sistema de protección civil más eficiente ante eventuales a la hora de catástrofes de la naturaleza.
PURANOTICIA
