La iniciativa fue valorada por los parlamentarios de todos los sectores, que reconocen la urgencia de poner fin al Sename.
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Luego de casi tres años de tramitación en el Senado, el proyecto que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil, uno de los nuevos órganos que reemplazan al Sename, inició su análisis en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, presentó la iniciativa que significa un cambio total del actual sistema y que modifica la ley de responsabilidad penal juvenil.
Detalló que la propuesta contiene un nuevo modelo de intervención hacia los jóvenes y un nuevo servicio más especializado y profesional, con un sistema semicerrado y otro menos intenso para recibir a los jóvenes.
En este nuevo servicio, cada adolescente será visto como un caso único, pese a tener múltiples ingresos por distintos delitos. El objetivo es resolver situaciones de fondo, para que los jóvenes puedan reinsertarse e interrumpir sus carreras delictuales.
El subsecretario agregó que se cambia completamente el sistema de provisión de servicios, que hoy se rige por la llamada Ley de Subvenciones, que es un modelo bastante antiguo y obsoleto, que no fue pensado para casos de justicia juvenil.
"Acá se establece un sistema único, diferenciado, basado en la ley de compras públicas, pero con una serie de normas especiales que apuntan principalmente al objetivo de que tanto los programas que se ejecuten como las instituciones que los ejecuten, tengan un alto perfil técnico. Y para eso se establece un organismo independiente, que es un Consejo de Estándares y Acreditación, que debe autorizar para que estos programas y organismos intervengan con los jóvenes", precisó.
La iniciativa fue valorada por los parlamentarios de todos los sectores, que reconocen la urgencia de poner fin al Sename.
"Es, en realidad, un sistema absolutamente nuevo, construido y concebido sobre premisas distintas, que asumen -desde mi punto de vista- con mucha mayor propiedad la condición de los adolescentes infractores de ley y con el énfasis puesto en la reinserción social, más que en el castigo propiamente tal", evaluó el diputado René Saffirio (IND).
Para el legislador, la nueva perspectiva es un logro y, si bien estimó que se avanza más lento de lo deseado, valoró que se haga en la línea "de terminar con la infamia que es el Sename".
La diputada Camila Flores (RN) resaltó que el actual sistema no genera los efectos esperados y no dudó en calificarlo como "fracasado", por lo que relevó la necesidad de hacer un cambio de fondo.
"Va a permitir tener una verdadera separación, que no tengamos casos donde en algunos centros estén niños que han sido vulnerados en sus derechos con infractores de ley bajo el mismo recinto, sino tenerlos aparte; y todo lo que tiene que ver con algunos incentivos que actualmente desde el punto de vista económico existen y que generan algunas dificultades para poder hacer un buen trabajo de reinserción con los jóvenes", puntualizó.
El proyecto de ley representa un gasto permanente superior a los 146 mil millones de pesos anuales para la instalación del servicio en todo el país a cuatro años y se enfoca en la intervención de profesionales para abordar las situaciones más complejas de los jóvenes; y un gasto transitorio cercano a los 80 mil millones para su implementación y la capacitación de los jueces, fiscales y defensores que se desempeñarán en salas especializadas que abordarán la justicia penal juvenil.
PURANOTICIA
