El Ejecutivo deberá ahora insistir con su texto en el Senado, en donde se deberá aprobar la idea de legislar por los dos tercios de los senadores en ejercicio.
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Tras un amplio debate, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar del proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios, junto con modificar diversos cuerpos legales (boletín 13960).
La iniciativa, discutida sobre la base de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, que rindieron los diputados Guillermo Ramírez (UDI) y Alejandra Sepúlveda (FRVS), respectivamente, obtuvo 45 votos a favor y 60 votos en contra.
Por efecto de lo anterior, al Ejecutivo le resta insistir ahora con su texto en el Senado. "El Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes", especifica la Constitución.
La respuesta de la Cámara al proyecto del ley fue dibujándose desde las comisiones que revisaron su contenido y en los diversos discursos expresados en el debate, particularmente de la oposición. En sus discursos fueron enfáticos al señalar que no respaldarían la propuesta del Ejecutivo, que calificaron como mezquina. Insistieron en que los costos de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus "no los pueden pagar los trabajadores".
En esa misma línea, sostuvieron que la propuesta de reajuste es insuficiente porque no cautela ni protege el poder adquisitivo de los trabajadores y se criticó el enfoque global presentado en la propuesta del Gobierno.
En tanto, en el oficialismo se cuestionó el rechazo al guarismo, afirmándose que no se reconoce el esfuerzo del Ejecutivo en medio de un escenario excepcional como es el que plantea la pandemia, no solo en Chile sino que en el mundo.
En dicho sentido, se señaló que la oposición no reconoce la realidad respecto de otras naciones del continente, ni tampoco la responsabilidad fiscal con la que actúa el país.
Texto que se planteaba
La propuesta consideraba un reajuste diferenciado, al 1 de diciembre de 2020. Para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean iguales o inferiores a un millón 500 mil pesos, el aumento sería de 2,7% (equivalente al IPC acumulado a noviembre); en tanto que para quienes superaran el mencionado margen de ingreso, el incremento sería de 0,8%.
Para aplicar lo anterior, se identificarán los grados, niveles o categorías de las respectivas escalas equivalentes a la remuneración señalada. Según cálculos del Ejecutivo, el 75% de los trabajadores del sector se verían beneficiados con el aumento mayor.
El porcentaje de reajuste que correspondía aplicar en cada caso sería reflejado también en las asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, asociadas a los grados, niveles o categorías respectivas.
El proyecto excluía del reajuste las remuneraciones del presidente, ministros y fiscal de la Corte Suprema, así como del contralor general de la República. De igual modo, no se reajustaban los sueldos mensuales, asignaciones, beneficios y demás atribuciones de los grados A, B, C y 1ª, lo que afectaba a los jefes de servicios junto con otras autoridades públicas del país como, por ejemplo, el fiscal nacional y los secretarios de la Cámara y del Senado.
Por otra parte, se dejaba presente en el mensaje que la Ley 21.233 reformó la Constitución para definir un mecanismo de fijación de las remuneraciones de los ministros de Estado y parlamentarios, sistema que, en su modalidad transitoria, se mantiene vigente hasta que surja la metodología de asignación permanente. En tal plano, dichas autoridades no pueden ser objeto de reajuste.
PURANOTICIA
