Por 102 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea las universidades estatales de la Región del Libertador General Bernardo O`Higgins y de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
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El objetivo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, es constituir una red colaborativa en el ámbito de la educación superior.
En esa línea, se crean las dos citadas casas de estudio como personas de derecho público autónomas, con carácter y arraigo regional, definiendo sus principales objetivos y principios orientadores.
También asegura que la norma fundamental de las nuevas universidades se construya y acuerde en un proceso de participación con organizaciones y actores con trayectorias reconocidas en la región y en el país.
Según se indica en la normativa, ambas universidades "son instituciones de educación superior estatal, de carácter regional, que asumen con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de la VI y XI Región, respectivamente, como parte fundamental de su misión institucional".
La normativa precisa que las universidades cumplirán su labor a través de la realización de funciones de docencia, investigación, creación y vinculación con el medio propias del quehacer universitario, en las áreas del conocimiento y dominios de la cultura que sus orientaciones estratégicas definan. Asimismo, podrá dedicarse al desarrollo y la formación en las disciplinas técnicas y a la capacitación.
Serán principios que orienten el quehacer de estas casas de estudio la libertad de pensamiento y de expresión; libertad de cátedra y asociación; el pluralismo; la participación de sus miembros en la vida institucional; la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; la excelencia académica; la equidad y la valoración del mérito como criterios de ingreso, promoción y egreso a la universidad; y la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social.
Con el objeto de apoyar la instalación y la puesta en marcha de las nuevas universidades, el fisco aportará a ellas, a contar del momento en que se apruebe este proyecto de ley, recursos para el arrendamiento y gastos de operación necesarios para que los rectores nombrados puedan dar, junto al equipo que lo asesorará, inicio a las actividades de conformación de las nuevas entidades de educación superior.
Estos recursos serán entregados a partir del mes en que ocurran dichos nombramientos y se estima que representarán un gasto fiscal mensual del orden de $65 millones por cada universidad.
En el futuro, en la Ley de Presupuestos correspondiente a los tres primeros años de actividad, se incluirán los recursos necesarios para la compra o construcción, y equipamiento de las dependencias de cada una de las universidades.
Se estima que esto representará un gasto fiscal del orden de $7.000 millones en tres años para cada una.
Una vez que se transforme en ley este proyecto, la Presidenta de la República tendrá 30 días para nombrar a los rectores y un año para dictar los estatutos que regulen ambas instituciones, a propuesta del rector respectivo. En esta propuesta se incluirá la fecha en que ambos planteles empezarán a funcionar.
PN/GM
CL / Aton Chile
