El equipo boliviano defendió la competencia que tendría la CIJ ante la demanda marítima, acusando "amnesia colectiva" de Chile y aludiendo a episodios históricos que sustentarían sus argumentos.
visitas
Este miércoles por primera vez en su historia, Bolivia compareció ante la Corte Internacional de Justicia para responder a la solicitud de excepciones preliminares de Chile que objetó la competencia del tribunal en lo que respecta a la demanda del país altiplánico.
La demanda de Bolivia apunta a obligar a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico, asegurando que nuestro país estableció una serie de compromisos al margen del Tratado de Paz y Amistad de 1904.
"¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?", preguntó el juez del Reino Unido, Cristopher Greenwood, al equipo jurídico boliviano.
Con esta interrogante, el abogado dejó abiertos los alegatos orales, más aun cuando el país vecino dice que Chile tiene la "obligación histórica" de negociar una salida al mar.
El primero en exponer fue el agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé, expresando su confianza en que la Corte "hará justicia" en relación a la demanda de ese país.
Si bien el agente reconoció la existencia del tratado de 1904, Rodríguez Veltzé enfatizó que "en los años siguientes la promesa de negociar el acceso de plena soberanía de Bolivia al mar, fue manifestada en diversos compromisos jurídicos (de nuestro país)".
Con ello, Rodríguez Veltzé manifestó que a diferencia de que lo sostuvo el equipo chileno, "no comparece Bolivia ante esta corte con la intención de modificar el pasado histórico, no se trata de ello en esta causa. Bolivia no se presenta ante esta corte para subsanar el tratado de 1904, ni las cuatro enmiendas posteriores promovidas por Chile de volver a abrir cuestiones".
A la vez que indicó que "Chile ha puesto ha puesto en tela de juicio la jurisdicción de esta corte", expresando de paso que "Bolivia se presentase ante esta corte para soslayar el tratado de 1904, no es correcto, no es una nueva presentación ni mucho menos ni un intento de revisar o dejar sin efecto el tratado de 1904".
"Lo que advierte Chile no es esta una situación que pudiese suponer un precedente muy peligroso, no es una situación en que volvería tener que tratar esta corte una larga lista de problemas históricos en la región Latinoamérica.
Mathias Forteau, fue el segundo abogado francés en tomar la palabra a favor de Bolivia, quien abordó la competencia de la CIJ de acuerdo al Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, señalando que la objeción preliminar presentada por Chile debe rechazarse.
Lo que busca Bolivia, dijo, es "que la corte constate que en paralelo al tratado de 1904, Chile asumió el compromiso a través de una serie de cuerdas y promesas unilaterales a negociar, en beneficio de Bolivia, el acceso soberano al mar y a constatar que Chile no ha respetado ese compromiso de negociar".
Además, Forteau expresó que hasta el 2011, "Chile no había repudiado su compromiso a negociar una salida soberana. Por el contrario, sí lo negociaba", añadiendo que por su parte, Bolivia considera el tratado de 1904 como "injusto e impuesto por la fuerza de la armas".
El tercer jurista en exponer fue la francesa Monique Chemillier- Gendrau, quien siguiendo el mismo punto expuso claramente que "los representantes de Chile han sido invadidos de una extraña amnesia colectiva" y que nuestro país "pasa por una negación de sus propias afirmaciones".
Para ella, "los argumentos de Chile se contradicen por sus propios comportamientos a lo largo de su historia" y que en 1948 con el Pacto de Bogotá el tema marítimo no estaba resuelto. De esta forma, Chemillier- Gendrau dio cuenta a lo largo de su exposición de una serie de documentos y declaraciones que databan de los años 1884, 1923, 1926 y 1929 y de 1975 de Charaña, y donde se mostraría, a su juicio, la voluntad de Chile de negociar.
Respecto al fallido acuerdo de Charaña, la abogada indica que allí el presidente de Chile no declara que "no quede nada por resolver" y aclaró que "la necesidad de consultar a Perú, y la contrapropuesta presentada por Perú mismo, tuvieron como consecuencia el estancamiento de la negociación".
Más tarde el abogado español Antonio Remiro Brotons, trató la mención hecha por Chile la de la Constitución boliviana de 2009 y donde se habría establecido un supuesto derecho irrenunciable al mar y una obligación de denunciar tratados que opongan a esto.
"Chile pretende ser interprete privilegiado de la Constitución de 2009", indicó el jurista, acusando a Santiago de manipular los argumentos de su demanda.
Con ello, Brotons declaró que "el Tratado de 1904 no se consideró como contrario a la Constitución boliviana".
El último abogado y encargado de presentar las conclusiones fue irnaí Payam Akhavan. Explicó que Chile se basa en "premisas falsas" y que su objeción a la competencia de la CIJ lo es también por hacer una representación equívoca de lo planteado por Bolivia.
Además agregó que Chile "hace una interpretación equívoca" de la demanda boliviana, ya que "Bolivia no pide a la Corte que resuelva un diferendo territorial ni que defina la delimitación de fronteras".
Akhavan advirtió que el artículo VI del Pacto de Bogotá que excluye que la corte trate sobre temas ya zanjados previamente por tratados "se ha de aplicar con enorme cautela".
Finalmente, el abogado iraní cierra su intervención pidiendo que el tribunal se declare competente, y complemente que incluso si fuera correcto el pedido de Chile éste "no sería una objeción preliminar".
Pn/gm
