Los sindicatos de trabajadores y los empresarios están atentos a los puntos que se votan en el controvertido proyecto del Gobierno.
visitas
Esta jornada de jueves el Senado votó las propuestas de la polémica nueva reforma laboral, uno de los proyectos más importantes que lleva adelante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Una tarea nada fácil para el Gobierno, ya que parte del oficialismo, la Alianza, sindicatos y el empresariado han hecho notar su molestia en diversos aspectos de la reforma.
Prueba de ello fue la intensa sesión que hoy tuvieron los parlamentarios, quienes debieron votar las propuestas de la Comisión de Trabajo respecto a las normas sobre titularidad sindical, que es considerado uno de los temas centrales del proyecto de reforma laboral, pues reconoce al sindicato como el sujeto principal de negociación colectiva, prohibiendo la existencia de los grupos negociadores en las empresas donde existen sindicatos.
Aspectos que han sido fuertemente resistidos. Prueba de ello es que el gobierno logró obtener una estrecha victoria de 19 votos a favor y 14 en contra en el artículo 289, en donde se considera una práctica desleal otorgar los beneficios fruto de la negociación que realiza un sindicato con el empleador, a los trabajadores no afiliados a este cuerpo colectivo.
Para los senadores Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma, Ignacio Walker y Andrés Allamand esta norma atenta contra la libertad de afiliación y de la libertad individual, por lo que se hizo reserva de constitucionalidad.
Por su parte, el ministro secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz señaló que "es una medida que va a permitir el fortalecimiento de los sindicatos, de la organización sindical, que es uno de los déficit que tenemos como país".
Es decir, que la agrupación de los trabajadores pueda "equilibrar su fuerza al interior de la empresa para mejorar sus condiciones de negociación".
A pesar del optimismo del oficialismo, el Senado debió suspender brevemente la votación del proyecto de Reforma Laboral esta tarde luego de la molestia de los dirigentes de los representantes de los trabajadores, con respecto al punto que se refiere a la negociación con sindicatos inter empresas, el que fue rechazado por 13 votos a favor y 15 en contra.
De esta manera, se descartó la obligatoriedad del empleador de negociar con este tipo de organizaciones. Producto de este resultado, legisladores que se manifestaron a favor de la iniciativa esperan reponer la norma en la Comisión Mixta. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, increpó en duros términos a los legisladores por rechazar la disposición.
Por otro lado, también se aprobaron los artículos 323 y 324 que se refieren a la afiliación de trabajadores a un sindicato, en particular respecto a cómo el empleador pacta con este organismo, y el que el reajuste salarial de acuerdo al IPC negociado, sí se extienda a todo el personal. La idea fue apoyada con 19 votos a favor y 13 en contra. Acá solo intervino el senador Hernán Larraín, quien volvió a hacer reserva de constitucionalidad.
Pese a que generó un gran debate, finalmente parlamentarios también aprobaron, la indicación que permite "adecuaciones necesarias" en caso de huelga, correspondiente a la letra "D" del artículo 405.
Con 29 votos a favor y uno en contra, la medida permitirá al empleador modificar los turnos y horarios de trabajo, además de realizar las adecuaciones necesarias con el objetivo de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos, sin que esto constituya una práctica desleal.
Las críticas del empresariado y los sindicatos
El sistema que actualmente regula las relaciones laborales en Chile tuvo su origen hace más de tres décadas. Fueron dos decretos que dieron forma a las leyes que rigen actualmente las relaciones laborales entre empleadores y empleados.
Por este motivo, el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, ha destacado que la importancia de esta reforma radica en la idea de que se permitirá "nivelar la cancha" entre empleador y empleado, mediante diversos decretos que prometen hacer frente a la desigualdad. Situación que ha despertado un amplio rechazo en distintos gremios empresariales, quienes señalan que estas iniciativas pueden generar posibles daños a la economía chilena.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, calificó hace unos días el artículo de huelga, específicamente al concepto de adecuaciones necesarias, como "un eufemismo que pretende quedar bien con todas las partes".
Sus quejas apuntan, a que esta medida puede generar interpretaciones, "lo que podría llevar a una judicialización".
Opinión similar a la que tienen la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, quienes adhirieron a esa postura, señalando que esta reforma "sólo tensionarán el ambiente laboral" y que "pone en riesgo la fuente laboral de los trabajadores".
En entrevista con La Segunda, el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), también se mostró disconforme con la indicación que permite en ciertos casos reemplazar a los trabajadores en huelga. "La fórmula ideada para reasignar trabajadores que no están en huelga es absolutamente inoperante y está mal concebida", señalaron. La CPC afirma que el proyecto vulnera las garantías establecidas en la Constitución Política, como la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de contratación, el derecho al trabajo y la libertad de empresa.
En el otro extremo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) esta tarde ya expresó su molestia en algunos de los aspectos de la votación de la reforma. Norberto Díaz, vicepresidente de la CUT, fue expulsado del Senado por la fuerza por un oficial de Carabineros, luego de no acatar el desalojo voluntario.
"Nuestra molestia contra la negativa del Senado de quitarle el derecho a negociar a los sindicatos inter empresa, del Senado nada bueno puede salir", declaró Díaz.
Para el representante de los trabajadores, "el Gobierno actuó mal, sin convicción y vamos a tener una mala ley laboral que tendrá que ser mejorada en la Cámara de Diputados". Incluso, los dirigentes de los trabajadores, hacen hincapié en que el proyecto es un retroceso para el mundo sindical y que las bases de la actual legislación que regula las relaciones entre empleador y trabajadores, no sólo se mantienen, sino también se profundizan en algunos puntos.
Si bien la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, valoró que las indicaciones no hayan modificado la esencia de la titularidad sindical ni la extensión de beneficios, dijo ver "con preocupación" los términos a que hacen relación con las prácticas desleales.
"Tenemos la impresión de que si bien se restringe la posibilidad de que el empleador pueda hacer cualquier tipo de adecuación, aun así sigue habiendo la posibilidad de que teniendo mucha astucia y habilidad del empresario pueda buscar un subterfugio de reemplazo y eso, como está señalándose en la ley, no sería sancionado", señaló la dirigente. Junto con eso agregó que esta situación "no solo enturbia el debate en lo político sino que le traslada la responsabilidad que debía resolver el Ejecutivo al poder Legislativo, en primera instancia, pero finalmente, de aprobarse, es trasladar el problema a los tribunales, a procesos de juicio".
Frente a ello, el ministro secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, trató de poner paños fríos indicando que el proyecto "va a fortalecer no solamente a los sindicatos vigentes, sino que generar incentivos efectivos para que los trabajadores puedan organizarse y de esa modo tener una relación de mayor equilibrio con el empleador".
La discusión continuará durante los próximos días, cuando los legisladores que votaron a favor de los artículos 362 y 363, aspectos que hacían alusión a mantener el derecho a negociación de estos sindicatos y establecía requisitos para su conformación, anunciaran que, pese al rechazo, repondrán la norma en la Comisión Mixta.
PURANOTICIA
