Los representantes de casas de estudio tanto públicas como privadas, señalaron que hay 13 problemas en el mecanismo que ha elaborado el gobierno para materializar una de las principales promesas de campaña presidencial.
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Un grupo de representantes y exautoridades de universidades privadas y públicas se reunió para criticar la propuesta de Gratuidad realizada por el Gobierno y que pretende, a través de una glosa en la Ley de Presupuesto para el 2016, dar acceso sin costo a los estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable y que pertenezcan a instituciones que cumplan ciertos requisitos.
La intención del llamado "Foro Universitario" es hacerse parte y contribuir en la discusión pública antes del comienzo del trabajo legislativo que definirá el erario fiscal del próximo año, y también dar cuenta de su diagnóstico: trece problemas, en donde se destaca la discriminación que causaría el sistema.
Así lo explicó el vicerrector de aseguramiento de la calidad de la Universidad Andrés Bello, Moisés Silva, al decir que "aquí también hay una discriminación en términos de la calidad que se quiere buscar para los estudiantes en las universidades, porque al diseñar que sólo un sector va a poder acceder a la gratuidad, sólo porque forma parte de una sociedad determinada, el Consejo de Rectores, y deja afuera al resto de las universidades, en principio".
"Eso es ya discriminatorio porque la calidad medida por la acreditación, no tenemos otro parámetro en este momento en Chile, crea una diferencia enojosa, porque hay universidades fuera del consejo de rectores que han demostrado su calidad y sin embargo están fuera en contra de otras de ese grupo que acabo de nombrar", agregó Silva.
En cuanto a las estimaciones que ha realizado el Gobierno para establecer este sistema gradual de gratuidad, la Directora General Académica de la Universidad Central, Ana Luz Duran, aseguró que "es importante que se pueda, efectivamente, beneficiar a todos los estudiantes vulnerables del sistema. Porque nos tenemos que hacer cargo de las políticas que históricamente se han planteado. Aquí nosotros hemos masificado la educación universitaria, por lo tanto, tenemos que también hacernos cargo de esa tendencia en términos de la equidad. Es un punto en que es importante avanzar".
"Y también se ha ido incrementando. El número de estudiantes que este año se ha matriculado para dar la PSU ha aumentado, por lo tanto vamos a tener más estudiantes postulando a la universidad. Se ha mejorado el número de estudiantes que ingresen por primera vez a la universidad. Por lo tanto, poner un límite de 2,7% no sabemos en qué se justifica y que esto no puede ser sólo una decisión económica, sino que también tiene que haber un indicador respecto a aquellos estudiantes que son de los sectores más vulnerables", complementó la académica.
La lista de los problemas fue entregada también por el exrector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, y en ella se incluyen:
1. Cobertura es sólo para una proporción de los estudiantes que pertenecen al 50% más pobre de la población estudiantil;
2. Estudiantes son o no elegibles dependiendo de las condiciones de las instituciones donde estudian, que non tienen acreditación suficiente y no cuentan con triestamentalidad. y que funcionan dentro del marco legal. Sin embargo son instituciones que funcionan legalmente;
3. Se crea una nueva discriminación, porque instituciones que no cumplen con los 4 años de acreditación serán elegibles para la gratuidad;
4. Disminuye el gasto en becas y ayudas, que están mucho mejor focalizadas;
5. Los rectores y autoridades de las Casas de Estudio que estarían cubiertas por la gratuidad deben implementar la medida que causará severas protestas por la forma de medir la pertenencia al 50% más pobre;
6. Las Casas de Estudio deberán crear oficinas especiales, y sistemas de información y seguimiento acerca de las condiciones socio económicas de sus estudiantes;
7. Las Casas de Estudio cubiertas deben financiar parte importante de la diferencia neta entre arancel efectivo (costo) y arancel de referencia (fijado administrativamente), recursos que deben provenir de otras actividades de la universidad como apoyo a la docencia, mejoramiento de calidad e investigación;
8. Se implementa a través de una glosa, que no es una ley, no cambia nada estructural en el sistema de Educación Superior y envuelve aspectos criticables del punto de vista Constitucional;
9. La Glosa no tiene Reglamento para aplicar las complejas medidas que discriminan distintas situaciones y sus implicancias se extienden a reducir la autonomía universitaria;
10. Se subsidian igualmente carreras importantes para el país como aquellas que podrían considerarse no lo son en función de la estrategia de desarrollo nacional;
11. El costo de la gratuidad ha dado lugar a un insostenible bajo presupuesto para las nuevas dos universidades y los 15 nuevos CFTs estatales;
12. Los criterios establecidos para la gratuidad han validado al sistema de acreditación vigente que se había postulado era necesario reformar;
13. Se valida también la institucionalidad existente en términos de la cual existe el Consejo de Rectores que tiene beneficios históricos no asociados necesariamente a estándares académicos, y discrimina contra otras universidades que han mostrado buenos resultados académicos.
Pn/cp
AGENCIAUNO
