A su segundo trámite constitucional pasó el proyecto de Ley de Protección al Empleo, que busca disminuir el impacto en el mercado laboral.
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A su segundo trámite constitucional pasó el proyecto de Ley de Protección al Empleo, iniciativa impulsada por el Gobierno, que busca disminuir el impacto en el mercado laboral de la situación sanitaria que vive el país a raíz del coronavirus y garantizar los ingresos de miles de trabajadores chilenos.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, destacó el amplio respaldo que tuvo la iniciativa tanto en las comisiones de Trabajo, Hacienda y en la Sala de la Cámara Alta, y que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
"Agradezco a la oposición, porque estamos logrando avanzar en la tramitación de un proyecto que nos va a entregar herramientas para proteger las fuentes de ingreso, y dar certeza a los trabajadores de que, durante la cuarentena, tendrán garantizados parte importante de sus ingresos, con cargo al seguro de cesantía", declaró.
"Nos interesa proteger los contratos de trabajo y buscar los mecanismos para evitar que el desempleo aumente", agregó la secretaria de Estado, quien explicó que el proyecto propone suspender la relación laboral, pero no terminarla, así se mantienen los derechos de los trabajadores y sus ingresos a través del Seguro de Cesantía, medida que también incluye a las trabajadoras de casa particular.
"Sabemos que los ingresos no van a ser los mismos, porque el Seguro de Cesantía establece que el primer giro es de un 70% de la remuneración de los tres últimos meses y así baja paulatinamente. Pero lo importante es que vamos a tener ingresos para los trabajadores, los que no existirían si tuviésemos que poner término a la relación laboral", recalcó la Ministra.
El proyecto de Ley de protección de los ingresos laborales establece que, cuando por mandato de la autoridad sanitaria se ordene la cancelación de las actividades en el país o en una zona específica-, un trabajador deba permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores, se permitirá la suspensión temporal de sus funciones en la empresa, pero manteniendo el vínculo contractual y todos los derechos laborales correspondientes.
De esta forma el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía de acuerdo a las reglas del mismo y bajo criterios más flexible. A su vez, el empleador mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador.
"A través de esta iniciativa, lo que estamos haciendo es proteger al trabajador en esta circunstancia especial, por la vía de asimilar la "suspensión" a un finiquito. De esta manera, el trabajador tendrá derecho a las mismas prestaciones del seguro de cesantía que habría obtenido si tuviera un finiquito, pero manteniendo suspendida su relación laboral y no terminada.
Esto, explicó la secretaria de Estado, tiene la ventaja de que asegura la relación laboral (cuidando todos los derechos en relación al feriado, antigüedad laboral, etc.); pero, además, establece la obligación de que el empleador continúe pagando cotizaciones previsionales, por lo tanto, ese trabajador seguirá contando con seguridad social.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de pactar la reducción de la jornada laboral, compensando la disminución de la remuneración con un suplemento adicional equivalente al 25% de su salario, con cargo a los recursos provenientes del fondo solidario del seguro de cesantía.
Estas dos medidas buscan evitar que se destruyan empleos, al tiempo que se mantiene el vínculo y los derechos laborales del trabajador, y se le asegura una fuente de ingreso extraordinaria mientras dure esta situación de emergencia. Al final de este período, la empresa y el trabajador podrán retomar su relación laboral normal, manteniendo intactas las remuneraciones y todos sus derechos laborales.
PURANOTICIA
