El vocero Marcelo Díaz señaló que lo que importa “es poner fin a estos carteles que lo que hacen, para decirlo muy claramente, es meterle la mano en el bolsillo a la gente”.
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El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, informó que se decidió disponer suma urgencia en la discusión legislativa para el proyecto que endurece las sanciones en caso de colusión de empresas.
La iniciativa fue presentada al Congreso en marzo de este año y pretende reformar el Sistema de Defensa de la Libre Competencia, a través de la creación de un tipo penal que elevará drásticamente las sanciones a la colusión de las empresas. En el proyecto se proponen penas de cárcel de entre cinco y diez años para quienes cometan ese delito. Además se aumentan las multas, llegando al pago a un 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual se desarrollaron las actividades ilícitas.
Esta decisión del Ejecutivo surge a menos de una semana de que la Fiscalía Nacional Económica presentara un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia contra las empresas CMPC y SCA, acusadas de haber mantenido por más de 10 años un cartel de reparto de mercado y fijación de precios en el negocio del papel higiénico y productos tissue como servilletas, toallas de papel y pañuelos desechables.
"Hay un debate en curso, hemos resuelto, esta mañana la Presidenta ha decidido, poner suma urgencia a la discusión legislativa del proyecto que eleva las multas y que establece penas de cárcel en materia de colusión, porque nos parece que es lo que hoy día corresponde para poder hacernos cargo de un hecho que ha causado profunda indignación y conmoción y que hemos repudiado y condenando transversalmente", señaló el vocero de La Moneda.
Díaz explicó que cuando el Congreso, durante la administración de Ricardo Lagos, decidió suprimir las penas de cárcel, estableciendo entonces la figura de la delación compensada para este tipo de casos, lo que se hizo fue valorar elementos que habían sido eficaces en la experiencia de otros países para "lo que nos importa, que es poner fin a estos carteles que lo que hacen, para decirlo muy claramente, es meterle la mano en el bolsillo a la gente y ahora el Parlamento tiene que hacer una segunda discusión o una nueva discusión respecto a este proyecto que hemos enviado".
"Esto ha tocado derechamente, probablemente a todos los chilenos, y por eso es que ha causado esta indignación, pero también la firme decisión de las instituciones que fiscalizan y de aquellas que se preocupan y velan por los derechos de los consumidores de llevar adelante el ejercicio de todas sus facultades y funciones para que este caso derive en conclusiones y en sanciones como corresponde y nosotros estamos haciendo lo que podemos también adicionalmente hacer como Gobierno que es evaluar la normativa que tenemos hoy día", explicó.
Pn/gm
AGENCIA UNO
