"La compra que realizó el superintendente Bruna me parece preocupante y digna de iniciar una investigación acuciosa", explicó el diputado RN.
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El diputado Andrés Celis (RN) declarará como testigo en la investigación del Ministerio Público por la compra de 27 departamentos, en un año, que realizó el ex superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Así lo dio a conocer el propio parlamentario por la zona costera de la región de Valparaíso, quien reveló que el el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, lo citó para que colabore con la investigación que se lleva a cabo, la cual él mismo denunció, de la adquisición de 27 departamentos que realizó Bruna entre el 2013 y 2014.
"La compra que realizó el superintendente Bruna me parece preocupante y digna de iniciar una investigación acuciosa, que determine si hubo o no ilegalidades. Voy a participar en esta citación y por supuesto, llevaré todos los documentos con los que cuento", aseguró Celis.
Cabe mencionar que el 28 de marzo pasado, el ex concejal de Viña del Mar ofició al fiscal nacional Jorge Abott, para que indague y analice los eventuales delitos que podrían haber ocurrido en la adquisición de los bienes, considerando además que la compra ocurrió cuando él tenía un cargo de poder o de autoridad.
"El 8 de abril se me informó que la Fiscalía Nacional había enviado los antecedentes al fiscal regional, para los fines procesales pertinentes, y hace algunos días fui llamado a declarar como denunciante", detalló el parlamentario RN.
Cabe recordar que, al mismo tiempo en que Celis denunció el hecho en la Fiscalía, ofició a la Comisión para el Mercado Financiero, solicitando que fiscalizara las adquisiciones que el superintendente habría realizado a través de créditos hipotecarios solicitados simultáneamente, logrando alcanzar un patrimonio cercano a los $884 millones.
Tras ello, dicho oficio terminó en que los antecedentes fueran enviados a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), donde se ordenó a todos los bancos del país que remitieran sus políticas y procedimientos existentes para evitar riesgos crediticios por el otorgamiento simultáneo de éstos a un mismo cliente.
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