Responsable de encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez está incluido en una lista de 15 condenados por violaciones de Derechos Humanos que podrían recuperar su libertad.
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Gendarmería habría postulado para obtener la libertad condicional a 15 condenados por violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura, quienes cumplen condenas en el penal de Punta Peuco, entre ellos Álvaro Corbalán Castillla, Carlos Herrera Jiménez y Miguel Estay Reyno.
Álvaro Corvalán, ex jefe operativo de la CNI, cumple una condena a presidio perpetuo por su participación, en calidad de autor, del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, acaecido en 1984, para encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez (1982). La víctima fue elegida -sin tener participación política alguna y porque padecía alcoholismo- para cortarle las venas hasta desangrarse. Luego lo inculparon.
A eso se agrega otra sanción penal por su participación en el montaje de la llamada "Operación Albania", que implicó la muerte de 17 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguz (FPMR) en Conchalí y San Miguel, sin que ninguno de ellos tuvieran armas para defenderse. Además, se le atribuye la desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987, que fueron lanzados al mar. Por ello, fue condenado a 15 años.
En tanto, Carlos Herrera es el autor material del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, en 1982, hecho por el cual fue condenado a presidio perpetuo. Suma también el asesinato de un dirigente DC en La Serena -en 1984-y ejecuciones en Pisagua, en los meses posteriores al golpe militar de 1973.
Por su parte, Miguel Estay Reyno, alias "El Fanta", ex militante comunista, fue miembro del Comando Conjunto de la Fach en los 70 y luego de la Dicomcar, entidad responsable del homicidio de cuatro profesores del PC en 1985, conocido como el "Caso Degollados".
El abogado de DDHH, Francisco Bustos, indicó a radio Biobío que "si bien, es cierto que la ley permite, incluso a condenados por crímenes de lesa humanidad, acceder a este beneficio, debe cuidarse que no signifique impunidad. Vale decir que la postulación por parte de Gendarmería debe ser más cuidadosa".
"Si pensamos que -por ejemplo- Álvaro Corbalán, solamente en 2017 fue condenado a penas que suman 22 años, ello implica que mal podría haber cumplido el porcentaje de condena requerido para que la autoridad resuelva en su favor", agregó.
"Los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles, porque se cometen en contextos donde no es posible perseguirlos. Por la misma razón, el Derecho Internacional exige que las penas sean proporcionales a su extrema gravedad. No se trata de cualquier delito", concluyó.
PURANOTICIA
