Candidato a constituyente por el distrito 7 abordó la labor que cumple el Tribunal Constitucional y las críticas que ha recibido, asegurando que "nuestros políticos tienen que asumir esa responsabilidad: fueron ellos los que se cargaron al TC".
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"Es tal el desprestigio que ha alcanzado el Tribunal Constitucional, por culpa de sus integrantes, pero también por los políticos que lo instrumentalizaron partidariamente, que habrá que pensar si vale la pena que el control de constitucionalidad futuro, que debe existir, siga radicado en el TC o que vuelva a la Corte Suprema".
Así lo indicó el académico y candidato a constituyente por el distrito 7, Agustín Squella, durante una entrevista realizada en radio Universo, en la que coincidió con la también postulante a la convención, Marcela Cubillos, quien sostuvo que si bien "es una consigna decir que el TC es una tercera cámara, sí se pueden hacer cosas para mejorarlo, como por ejemplo, que no intervenga en la discusión política parlamentaria".
La ex Diputada y ex Ministra de Educación coincidió con Squella en que debe haber un control de constitucionalidad y reconoció que efectivamente "hay un debilitamiento general de las instituciones y una una crisis de liderazgos políticos, de ponerse de acuerdo, de mirar más allá de la reelección de los parlamentarios, de subir las encuestas de algunos candidatos presidenciales y creo que las personas lo único que quieren es no vivir en este conflicto permanente".
Squella, por su parte, explicó que si bien, la política es siempre confrontacional, hoy por sobre la lógica partidario-adversario, prima la lógica amigo-enemigo, y que producto de la pandemia se ha producido un enardecimiento de la contingencia que ha desdibujado "la elección más importante de este año y que es la elección de quienes formarán la Convención que va a tener a su cargo lo único de largo plazo: una nueva constitución para la República".
En cuanto al futuro del TC en la Constitución, Cubillos remarcó que "el problema no es sólo del TC, sino que de muchas instituciones donde según qué personas las integran se empiezan a desdibujar", agregando que "los conflictos que ha tenido el TC no ayudan para nada en la legitimidad del rol que está llamado a cumplir como tampoco ayuda cuando el Senado, tal como decía la anterior presidenta, llama a hacer sacrilegios a la constitución. Por otro lado, algunos tendrán reparos en cómo el Ejecutivo ha ejercido sus atribuciones".
"Me parece fundamental que exista un organismo que controle en derecho las reglas de la Constitución; algunos países optan por un tribunal especial, otros por la Corte Suprema", señaló.
En tanto, Squella alertó que al TC lo echaron a perder hace mucho tiempo los políticos de derecha y de izquierda: "lo festinaron binominalizándolo por décadas de una manera grotesca, designando miembros el Presidente y el Senado sobre la base de uno tuyo y uno mío; incluso haciendo recaer las nominaciones, algunas veces, pero no pocas veces, en personas sin ninguna idoneidad para integrar el TC. Nuestros dirigentes políticos tienen que asumir, entre otras, esa responsabilidad: fueron ellos los que se cargaron al TC".
Respecto a si está dispuesto a repensar la existencia del TC, dijo que "sí, siempre que el control de constitucionalidad exista porque este no puede faltar. Yo siempre he sido partidario del TC, pero es tal el descrédito en que lo han sumido los sectores políticos mayoritarios del país que sólo digo que es razonable pensar que en el futuro este control no esté radicado en el TC, sino que en la Corte Suprema".
En cuanto al sistema de pensiones, Marcela Cubillos dijo que "éste y otros derechos, llamados "sociales", deben estar en los principios constitucionales, pero mi visión es que debe señalarse en la Constitución que la determinación relativa a las prestaciones que se pueden exigir en virtud de esos derechos, y la forma en que ellos se financian, corresponde al legislador. No creo en una constitución que reemplace el debate legislativo y el debate político".
Squella, en cambio, remarcó que "el derecho a tener una previsión oportuna y justa es un derecho fundamental, no es cualquier derecho, y en consecuencia la nueva constitución va a tener que declararlo como uno más de los derechos sociales, y para que no queden como letra muerta en el texto constitucional, va a tener que declarar alguna manera de tutela o garantía de este derecho".
El académico puntualizó que "yo iría en la línea de que un derecho fundamental no se puede privatizar completamente entregando la satisfacción de ese derecho a las AFP que tienen fines de lucro. Los derechos fundamentales deben ser satisfechos por el Estado, desde luego con colaboración de los privados. Ningún Estado privatiza completamente la satisfacción de un derecho fundamental".
PURANOTICIA
