La instancia se abocó a votar la creación del banco unificado de datos (BUD) y su financiamiento.
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En un sola votación, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala otra parte de la llamada agenda corta antidelincuencia, proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para el robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.
La instancia se abocó a votar la creación del banco unificado de datos (BUD) y su financiamiento; la determinación de una obligación de información al Congreso, y una norma transitoria relativa a los proyectos de inversión relacionados con la ampliación de recintos penitenciarios.
En cuanto al banco de datos, establece que el Ministerio Público, Carabineros, la PDI, Gendarmería y el Poder Judicial deberán intercambiar los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción.
La norma aclara que el funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.
Además, este artículo indica que corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos (desde el punto de vista operativo) que se configurará con los datos señalados. Deberá mantenerlo unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad del sistema.
Durante la sesión, el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, explicó que el bamco unificado de datos buscará resolver nudos críticos producidos por falta de información pertinente y oportuna; potenciar la acción penal; gestionar eficientemente la información disponible, y desarrollar programas con eficacia comprobable.
Detalló que el sistema comenzó a desarrollarse en administraciones anteriores, pero recalcó que el primer hito exitoso ocurrió en diciembre de 2014, cuando se aprobó el convenio interinstitucional de colaboración permanente entre las entidades participantes del proyecto del banco de datos.
Explicó que fue a partir de esta fecha que se pudo iniciar los procesos de carga y depuración de las bases de datos (69 millones de registros a la fecha) y la prueba con antecedentes reales de las funcionalidades del sistema.
Agregó que, hoy, ya concluyó la fase de ingreso de datos históricos y que se está en el periodo de verificar la confiabilidad del mecanismo técnico e informático. Evaluó que el sistema podría estar completamente operativo de aquí a fines de este año.
Además, la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, y el subsecretario Frey especificaron que el sistema ya representó una inversión de $409 millones, en 2013; y de $750 millones, en 2014.
Adelantaron que se espera concretar un gasto para el presente año de $543 millones, de los cuales $427 millones (para servicios informáticos y mantención de licencias de software y hardware) se financiarían a través de este proyecto de ley.
Pn/Jv
CL/Aton Chile
