Agrupados en el “Frente de Académicos por el Derecho a la Educación Superior”, docentes de distintas universidades del país se han organizado para manifestar su opinión y preocupación respecto a la Reforma Educacional que impulsa el actual gobierno.
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Los catedráticos del "Frente de Académicos por el Derecho a la Educación Superior" constituyen un grupo de docentes de diversos establecimientos de enseñanza universitaria, críticos de la Reforma Educacional del gobierno de Bachelet, que se han organizado para plantear diversas demandas que, de acuerdo a su análisis, resultan ser las más urgentes en el contexto de la discusión educativa actual de la enseñanza superior en nuestro país.
En la evaluación de los académicos, los cinco tópicos críticos de la educación superior chilena son: gratuidad universal; fin del endeudamiento de los estudiantes y sus familias; reforma estructural del sistema universitario - que contemple estándares de calidad - en coherencia con la misión pública de las instituciones; democratización en el gobierno universitario y cambios en el sistema de ingreso (PSU), que actualmente es el primer foco de discriminación por origen social.
En ese sentido, los académicos afirman que es inadmisible el proyecto de reforma anunciado por la presidenta el pasado 21 de mayo: "este proyecto plantea una distinción impresentable, que no diferencia ni siquiera entre instituciones, sino que distingue a los estudiantes según pertenecientes al CRUCH/no CRUCH, sabiendo que esa distinción no dice nada acerca de la calidad, misión pública o democracia de dichas instituciones", manifestó Alejandra González, académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado.
Respecto al sentido de los compromisos presidenciales del 21 de mayo, los docentes manifestaron: "creemos que los anuncios del ejecutivo representan un retroceso y buscan establecer divisiones al interior del movimiento estudiantil y del movimiento social en general. Este gobierno, debe cumplir sus promesas de campaña, lo que implica una reforma profunda de la educación terciaria que permita el fin al lucro, el acceso inclusivo, la gratuidad universal, etc. En síntesis, una reforma que ponga en acto el principio de igualdad y justicia social por tantos años desmentido".
Marcelo Garrido, docente de la Escuela de Geografía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano sostiene que la educación "es un derecho social, la universidad para nosotros es un campo de producción y difusión del conocimiento, cuya función es aportar al crecimiento del país en términos económicos y culturales. No podemos permitir que haya estudiantes que queden excluidos de este derecho", indicó.
Por su parte, Patricia Castillo, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales indicó que "los académicos hemos sido un actor ausente en esta discusión sobre la reforma. Hasta ahora se ha asumido que nuestra voz está representada por los rectores u otros representantes de las instituciones en las que trabajamos, pero somos un estamento activo, que tiene una visión y una voz respecto a este tema, que debe ser considerada".
El "Frente de Académicos por el Derecho a la Educación Superior" está compuesto por docentes de diversas casas de estudio del país y se propone como una instancia de participación activa del movimiento social que reivindica la educación como un derecho.
Pn/ci
ATON CHILE
