“Tenemos que tener tranquilidad institucional", afirma Michel Temer.
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El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, salió en defensa de la presidenta Dilma Rousseff y rechazó que exista una crisis institucional en el país que pueda derivar en la destitución de la mandataria.
"La presidenta está completamente tranquila en relación a eso (eventual juicio político en su contra). Todos creemos que es algo impensable en el momento actual. Veo esa prédica con mucha preocupación porque no podemos tener una hipótesis de esa naturaleza siendo patrocinada por varios sectores. Tenemos que tener tranquilidad institucional", afirmó Temer.
El vicepresidente hizo las declaraciones al término de la reunión semanal que Rousseff mantiene con los ministros que integran la coordinación política del gobierno.
La posibilidad de que Rousseff no logre completar su segundo gobierno, que comenzó a circular el pasado 1 de enero, ha sido mencionada en más de una oportunidad por opositores e incluso por algunos correligionarios de Temer en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal socio del gobierno.
La última vez que esas voces se oyeron con más fuerza fue el domingo, cuando el candidato derrotado por Rousseff en las presidenciales del año pasado, Aécio Neves, afirmó que el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) "no puede temer al futuro".
"Hoy somos la oposición a favor de Brasil. Pero prepárense. Dentro de muy poco tiempo no seremos más oposición, vamos a ser gobierno", advirtió durante un discurso pronunciado después de ser proclamado nuevamente como presidente de su fuerza política.
La posibilidad de iniciar un juicio político contra la presidenta se basa en acciones que se tramitan en dos tribunales.
Una está vinculada a las finanzas de su primer gobierno (2011-2014). El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) encontró irregularidades en las cuentas relativas a 2014, las cuales, de ser constatadas, violan la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El gobierno debe hacer sus descargos en los próximos días. En caso de que las cuentas acaben siendo rechazadas, cabe al Congreso, que ha sido hostil con el Ejecutivo desde que Rousseff asumió su segundo mandato, iniciar el proceso de destitución.
La segunda acción está relacionada con el escándalo de corrupción en Petrobras. El Tribunal Superior Electoral interrogará al empresario Ricardo Pessoa, que está preso por sus presuntos vínculos con la trama de desvío de fondos de la estatal.
Pessoa dijo a los investigadores que su empresa, la constructora contratista de Petrobras UTC, donó dinero proveniente de los fraudes a las campañas políticas de Rousseff y de su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva.
El vicepresidente también negó que tenga intenciones de dejar el cargo de articulador político entre la Presidencia y el Congreso, para el que fue apuntado por Rousseff para lograr la aprobación de las medidas de ajuste fiscal que lleva adelante con el fin de recomponer la economía.
"Hicimos un análisis de la coyuntura política y estamos todos muy tranquilos en relación con las medidas que el gobierno está tomando. Hicimos esa evaluación coyuntural para revelar que el gobierno continúa tranquilo en relación con lo que viene haciendo y con lo mucho que hará aún por el país", afirmó.
Pn/ci
DPA
