La candidata presidencial enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos.
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La fiscalía de Perú pidió este jueves que Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú por tercera vez, vuelva a prisión preventiva.
Este pedido de un fiscal llega en medio del apretado conteo de votos de la segunda vuelta de las presidenciales en Perú, en el que Fujimori va por detrás del izquierdista Pedro Castillo.
Al mismo tiempo, Fujimori enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos, por supuestamente recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para sus campañas de 2011 y 2016.
Fujimori, del partido Fuerza Popular, ya había cumplido dos periodos de prisión preventiva entre 2018 y 2020, pero desde mayo de 2020 enfrentaba el proceso en comparecencia restringida. La candidata niega los cargos en su contra.
Ahora el fiscal José Domingo Pérez quiere revocar la comparecencia debido a que, según argumenta, Fujimori incumplió una de las condiciones de este régimen al comunicarse con testigos vinculados a la investigación.
La fiscalía se refiere específicamente a Miguel Torres, miembro de Fuerza Popular y testigo del caso.
Torres acompañó este miércoles a Fujimori en una conferencia en la que anunció que había pedido a las autoridades electorales peruanas anular 802 actas de votación —unos 200.000 votos — de la segunda vuelta, por acusaciones de supuesto "fraude".
Este jueves, en una conferencia de prensa, Fujimori calificó el pedido del fiscal como "absurdo" y dijo que no la distraería "en lo absoluto" de sus gestiones para que las autoridades electorales en Perú revisen unos 200.000 votos.
El partido de Fujimori pide la nulidad de 200.000 votos cuando el conteo en Perú favorece a Castillo por un estrecho margen
Fujimori dijo también que el fiscal Pérez pretende "seguir siendo protagonista de esta campaña electoral".
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, dijo que el pedido era "insustentable" y "desproporcionado" y que "carece de toda base legal y fáctica".
Loza admitió que Torres "es testigo" en la investigación, pero espera que el juez a cargo del caso "declare improcedente la petición".
PURANOTICIA // BBC MUNDO
