Entre las zonas dañadas se encuentra la nación navajo, la mayor comunidad indígena del país con 300.000 censados, que reparte su territorio entre el noroeste de Nuevo México, el noreste de Arizona y el sureste de Utah.
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Washington, 26 ene (EFE).- La petrolera estadounidense Anadarko pagó hoy 5.150 millones de dólares a la Justicia de EE.UU., que utilizará parte de ese dinero para remediar los daños medioambientales que causó Tronox, una filial de esa empresa que se declaró en bancarrota.
El acuerdo de la mayor indemnización de este tipo pactada en Estados Unidos se anunció el pasado abril, en noviembre se confirmó tras un periodo de revisión pública y hoy la petrolera abonó la multa, informó el secretario adjunto de Medio Ambiente del Departamento de Justicia, John C. Cruden.
De acuerdo con los términos del acuerdo, el Gobierno de EE.UU. estima que, de estos 5.150 millones de dólares, 4.400 millones se destinarán a indemnizar a las 7.000 personas que vivieron bajo los efectos de la contaminación y a limpiar las zonas dañadas, entre las que destacan los estados de Oklahoma, Illinois y Arkansas.
Entre las zonas dañadas se encuentra la nación navajo, la mayor comunidad indígena del país con 300.000 censados, que reparte su territorio entre el noroeste de Nuevo México, el noreste de Arizona y el sureste de Utah.
El dinero lo recibirán directamente los gobiernos tribales de las tribus indias de la nación navajo, los gobierno estatales y cuatro fondos medioambientales de respuesta creados especialmente para limpiar las zonas dañadas.
Otro fondo recibirá 600 millones de dólares para abonar indemnizaciones a las personas que durante 85 años sufrieron los daños de Kerr-McGee (matriz de Tronox y comprada por Anadarko en 2006) y sus negocios químicos, energéticos y de manufactura.
La compañía negoció con el Departamento de Justicia, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y Anadarko y algunas de sus filiales para alcanzar un acuerdo sobre la multa que debía de pagar la petrolera por los daños causados por Tronox, fabricante de dióxido de titanio que se acogió a la ley de bancarrotas en 2009.
Un tribunal de bancarrotas estableció que la compañía Kerr-McGee había trasladado de forma fraudulenta activos a otra entidad (la "nueva" Kerr-McGee) para evitar sus responsabilidades por la limpieza de los puntos contaminados, que ascienden a más de 2.000.
Este intento fue criticado por la fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, que consideró que "Kerr-McGee intentó escapar de las consecuencias de sus fechorías transfiriendo sus activos más valiosos a sus filiales".
"Como muestra el acuerdo histórico de hoy, el Gobierno no permitirá escapar a los que contaminan y no pagan el daño que han infligido a nuestra tierra, nuestro agua y nuestra gente", agregó Bharara.
Este acuerdo de 5.150 millones de dólares supera a los 4.525 millones de dólares que pagó la petrolera británica BP por sus vertidos sobre el Golfo de México en 2010. EFE
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