Perú solicitó a Bolivia su extradición por los delitos de peculado, asociación ilícita y lavado de activos por gestionar intereses de empresas particulares.
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El Gobierno de Perú fijó en 200.000 dólares la recompensa que ofrece por información que permita la captura del empresario Martín Belaunde Lossio, prófugo de la justicia en Bolivia, informó hoy el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.
Tras anunciar hoy el monto de la recompensa, que había sido anunciada el pasado martes por el presidente Ollanta Humala, el primer ministro reiteró a los periodistas que el Gobierno ha cumplido con las acciones y los plazos previstos para lograr la extradición de Belaunde.
Cateriano también negó que haya responsabilizado a la Fiscalía peruana de la fuga del empresario, tal como indicaron medios locales al comentar unas declaraciones que dio el miércoles, en las que deslindó responsabilidades del Ejecutivo en esa fuga.
"Bolivia ha establecido responsabilidades en su país y esas responsabilidades han ido a la Policía de ese país, nunca responsabilicé de la fuga al Ministerio Público (Fiscalía)", precisó hoy.
Sin embargo, el primer ministro dijo el miércoles que la fiscalía peruana debía explicar por qué no comunicó a la cancillería las coordinaciones hechas para extraditar a Belaunde y que eso ocasionó que se retrasara el envío de una nota diplomática para continuar con el proceso.
El fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, rechazó hoy "de plano" que su despacho haya demorado el proceso para la extradición de Belaunde y dijo que se cumplió con los trámites "en los tiempos que correspondía".
"Por eso es que nos sorprenden esas afirmaciones (de Cateriano) que no tienen sustento fáctico. Si buscan un responsable, que lo busquen en otro lugar", declaró Sánchez a la emisora Ideeleradio.
El fiscal agregó que su despacho es un "órgano de enlace" y no de ejecución, por lo que ha cumplido con los trámites que establecen las leyes "y no hay responsabilidad" en este tema.
Belaunde Lossio, que fue asesor de campaña electoral de Humala en 2006, desapareció el domingo de la casa donde permanecía en arresto domiciliario en La Paz después de que el Tribunal Superior de Justicia boliviana aprobara el pedido de extradición de las autoridades peruanas.
Perú solicitó a Bolivia su extradición por los delitos de peculado (malversación de fondos públicos), asociación ilícita y lavado de activos por gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.
pn/fg
EFE.
