Esta semana comenzó la excavación de un basurero inexplorado hasta ahora y muy cerca de Iguala, donde podrían estar los cuerpos de los universitarios.
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La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México cumple cinco años, con la versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto más desacreditada que nunca, tras la liberación de decenas de presuntos responsables, y el reto de empezar de nuevo y casi desde cero la búsqueda.
Tras casi un año de mandato, el compromiso de esclarecer el caso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador parece empezar a materializarse y esta semana comenzó la excavación de un basurero inexplorado hasta ahora y muy cerca de Iguala.
La investigación gubernamental de Peña Nieto concluyó que policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los 43 jóvenes, que estudiaban magisterio en la escuela normal rural -que forma a maestros- de Ayotzinapa, y los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos por miembros de un cártel rival.
Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar.
Ante la exigencia de los padres de los desaparecidos, la primera medida de López Obrador como presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, formada por el Gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.
La comisión presidencial fue muy valorada porque por primera vez se escuchaba a las familias, pero no ha comenzado a moverse hasta hace poco, con el nombramiento de un fiscal especial para el caso y la iniciación de labores de búsqueda.
Ante ello, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se comprometió el pasado 18 de septiembre con los padres a reconstruir la investigación casi de cero dadas las inconsistencias de la versión oficial, aunque para algunos expertos ha pasado ya demasiado tiempo.
Mientras el nuevo Gobierno pide más tiempo para investigar, dado que sólo lleva casi diez meses de funcionamiento, para las familias ya han transcurrido cinco años de dolor, impaciencia y lucha con la convicción de encontrar vivos a los 43 estudiantes.
PURANOTICIA
