El caso del niño de 6 años que fue asesinado en el estado de Chihuahua ha conmocionado al país, buscando en la desatención familiar o la violencia la raíz del crimen.
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"El suceso es un reflejo, una expresión, de la incorporación de la violencia extrema en la dinámica cotidiana de chicos y chicas. No es nuevo que los niños jueguen a narcos o a cometer delitos", explicó hoy a Efe el director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en México, Juan Martín Pérez.
El responsable de la ONG dijo que este hecho, acontecido en un barrio pobre de Chihuahua, capital de este estado norteño con un alto índice de criminalidad, explicita la "normalización" de las "relaciones violentas".
"Por la forma en que se planeó, programó y se hizo es un hecho criminal típico de un adulto. No se etiqueta como situación de juegos", afirmó en entrevista radiofónica el doctor en Medicina Forense Alfredo Rodríguez.
Para este especialista, los responsables son "la sociedad productora de violencia con estereotipos" y situaciones extremas en las que niños "ya han presenciado una ejecución" o tienen un conocido sicario.
Asimismo, sopesó que parte de la causas deben buscarse en el mismo seno familiar, lo que encaja con la visión de las autoridades.
"Hay un factor preponderante, es la ocupación laboral de padre y madre, que genera descuido de los menores que, en ausencia de sus padres, no tenían una actividad ocupacional o educativa que los privara de este tipo de ideas", dijo el fiscal en la Zona Centro de Chihuahua (norte), Sergio Almaraz.
Añadió que las condiciones familiares, especialmente de tres de los menores que forman parte de la misma familia, dieron las circunstancias "propicias" para la "ausencia de valores" en temas "tan importantes como la vida", y desvinculó el suceso de la inseguridad.
Sin embargo, Pérez estimó necesario buscar "una responsabilidad compartida" entre la violencia social, estructural e intrafamiliar, y recordó que, "en general, todas la familias tienden a proteger sus hijos".
De hecho, la madre de un menor llevó al hijo a recibir tratamiento de conducta en un centro público, pero "la institución no tenía el personal adecuado", dijo el responsable de la Redim, quien puntualizó que "es obligación del Estado garantizar entornos seguros".
Aunado a ello, los jóvenes tenían antecedentes no penales por daños materiales en viviendas y faltas de respeto a los vecinos, reveló hoy el fiscal general del estado, Jorge Enrique González.
González detalló que contra los dos adolescentes de 15 años, uno de ellos acusado como el principal instigador, se "procederá penalmente", con lo que podrían pasar hasta una década en un centro de internamiento juvenil.
Los otros tres jóvenes podrían terminar en un albergue, "una pequeña cárcel", y bajo custodia estatal, añadió.
pn/fg
EFE.
