Ex presidente del Instituto del Indígena (INDI) será juzgado por la apropiación de unos 700.000 dólares, destinados a cumplir fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de dos comunidades nativas.
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Darío Quesnel, ex presidente del INDI, fue imputado por lesión de confianza y apropiación junto a otros exfuncionarios de la institución como Marlene Mendoza y Ever Otazo, además de Oscar Viera, de la fundación Reforest Par.
La audiencia preliminar, que debe determinar si los imputados van a juicio, ya fue suspendida en cuatro ocasiones bajo diferentes argumentos de los acusados.
La Fiscalía asegura que son responsables de la sustracción de 3.127 millones de guaraníes (unos 700.000 dólares) pertenecientes a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa.
Según la Fiscalía, los cuatro imputados se apropiaron del dinero, que estaba depositado en dos cuentas del Banco Nacional de Fomento, a principios del año pasado.
El actual presidente del INDI, Jorge Servín, descubrió la ausencia del monto al revisar los saldos financieros de la entidad y denunció el caso en septiembre de 2013.
El Estado paraguayo había destinado los casi 700.000 dólares a cumplir con las dos sentencias a favor de las comunidades Yakye Axa y Sawhoymaxa, del pueblo Énxet, en las que la CorteIDH consideró probada la violación de sus derechos humanos.
Ambas comunidades fueron despojadas de sus tierras ancestrales, que ahora están en manos de ganaderos, y desde hace más de 20 años viven al costado de carreteras en el Chaco paraguayo.
La CorteIDH obligó al Estado a restituir las tierras de las dos comunidades en 2005 y 2006, en el plazo de tres años.
En 2012, el Estado adquirió terrenos para los miembros de Yakye Axa, pero estos no han podido trasladarse a ese territorio por la falta de un camino para llegar hasta él, según la ONG Tierra Viva.
Los Sawhoyamaxa lograron que el Legislativo y el Gobierno aprobaran la expropiación de tierras a su favor pero aún siguen a la espera del cumplimiento total de la sentencia, según la ONG.
Tierra Viva destacó en un comunicado que Quesnel también está acusado de vender 25.000 hectáreas de las tierras de los ayoreo, otro pueblo indígena.
"La gravedad de los hechos por los que están acusados, no sólo reside en la corrupción de una institución pública sino además en la frustración de los derechos humanos de las comunidades indígenas donde el Estado ha violado su rol tutelar y su obligación de dar cumplimiento a las sentencias vinculantes de la CorteIDH", añadió. EFE
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