La Policía brasileña desarticuló hoy una organización criminal que se apropió fraudulentamente de tierras destinadas a beneficiarios de la reforma agraria, con un costo sumado de unos 400 millones de dólares.
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La banda era integrada por unos ochenta hacendados y empresarios del sector agrícola y por ocho funcionarios del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), según un comunicado de la Policía Federal (PF), que movilizó este jueves 350 agentes para arrestar a 52 personas acusadas de formar parte del grupo.
Entre las personas buscadas por la policía se encuentran dos hermanos del ministro de Agricultura, Neri Geller, quien en un comunicado lamentó la presencia de familiares entre los investigados y dijo no creer en la participación de los mismos en cualquier irregularidad.
Los abogados de los hermanos del ministro, Odair y Milton Geller, entraron en contacto con la Policía Federal e informaron que se entregarán, informaron medios locales.
De acuerdo con la PF, la organización se proponía crear grandes latifundios juntando tierras del Estado que habían sido expropiadas para ser distribuidas entre beneficiarios de la reforma agraria.
"Con acciones fraudulentas, uso de la fuerza física y hasta armas, compraban por bajo precio o invadían esas áreas", reportó la entidad en un comunicado.
Las autoridades calculan que elgrupo se apoderó en los últimos diez años de cerca de mil lotes destinados a la reforma agraria.
Además de las órdenes de arresto, los agentes federales que participaron en la llamada operación "Tierra Prometida" cumplieron 146 órdenes de allanamiento en residencias y oficinas de los acusados de integrar la organización en los estados de Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.
De acuerdo con los comisarios responsables de la investigación, para poder concentrar las tierras y explotarlas comercialmente, los miembros de la banda usaron documentos falsos, simularon inspecciones de fiscales y falsificaron otros en que los propietarios renunciaban a sus propiedades.
De igual manera, la banda alimentó los sistemas informáticos del INCRA con datos falsos.
Esas maniobras permitieron que "grandes latifundistas, grupos de productores rurales y hasta empresas multinacionales ocupasen ilegalmente las tierras del Estado destinadas a la reforma agraria".
Para la PF, además de la complicidad de funcionarios corruptos, la banda contaba con el apoyo de altos funcionarios de algunas alcaldías y de concejales municipales.
Los miembros de la organización criminal serán procesados formalmente por los delitos de invasión de tierras del Estado, crímenes contra el medioambiente, falsificación, fraude y corrupción, cuyas penas sumadas pueden llegar a doce años de prisión. EFE
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