Rafael Acosta Arévalo fue presentado ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado.
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La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó estar conmocionada y preocupada por la muerte del capitán (r) de la Armada venezolana, Rafael Acosta Arévalo, capturado hace más de una semana por hombres armados, y muerto días después, mientras era investigado por un supuesto atentado contra Nicolás Maduro.
Mediante un comunicado, Bachelet señaló que Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante siete días.
Además, agregó que "dado que su familia y sus abogados no fueron informados de su paradero, a pesar de repetidas solicitudes, su caso también puede constituir una desaparición forzada, prohibida bajo la ley internacional".
El 28 de junio, el capitán (r) fue llevado ante un tribunal militar por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) junto a otros cuatro militares y dos ex funcionarios de seguridad acusados de complotar para asesinar a Nicolás Maduro.
De acuerdo a su abogado, Acosta Arévalo fue presentado ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado. El juez lo mandó a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio. A pesar de numerosos requerimientos, ni su abogado ni sus familiares han tenido aún acceso a su cuerpo.
Ante estos acontecimientos, la ex Mandataria expresó estar "conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte".
En la misma línea, recordó que "las autoridades venezolanas son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad".
La Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU pidió a las "autoridades a llevar a cabo una profunda investigación –incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales- que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante a la justicia a los responsables de su muerte".
Bachelet aplaudió la rápida acción de la Oficina del Fiscal General, tras abrir una investigación por este caso, procesando a dos miembros de la DGCIM por asesinato en primer grado. No obstante, lamentó que "las alegaciones de tortura no hayan sido aparentemente incluidas en los cargos".
"También llamo a las autoridades venezolanas para que permitan a los otros 6 militares y ex oficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta Arévalo recibir visitas de sus abogados y familiares, que se aseguren que sean tratados con humanidad y dignidad, y que eviten que sufran torturas y otras formas de maltrato", solicitó Bachelet.
Finalmente, recalcó que "se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado".
PURANOTICIA
