José Miguel Benavente explicó que están “desarrollando un conjunto de iniciativas que permitan traspasar competencias y responsabilidades al territorio".
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El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, comentó los principales ejes que contempla el “Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío” y la forma en cómo se implementará, tras el cierre de la planta siderúrgica Huachipato.
En entrevista con radio Pauta, explicó que “estamos desarrollando un conjunto de iniciativas que permitan traspasar competencias y responsabilidades al territorio, para que independientemente de la autoridad de turno, haya una continuidad en los temas de política pública, incluído este programa”.
Agregó que pueden asegurar la vigencia de este plan hasta marzo del 2026, pero “hoy día estamos desarrollando un conjunto de iniciativas que consiste en traspasar competencias y responsabilidades al territorio”.
“Por ejemplo, las direcciones regionales de la Corfo son comités de desarrollo productivo y, por lo tanto, la idea es que, independientemente de la autoridad de turno, hay una continuidad en los temas de política pública, incluido estos programas”, añadió.
“Este plan tiene varios focos. Uno de ellos son los trabajadores que ya perdieron su puesto de trabajo como consecuencia del cierre de la planta, y para ellos tenemos varios mecanismos de apoyo. Son un poco más de 1.500, y uno de ellos es un apoyo, un subsidio a las empresas establecidas que los pudieran contratar en sus faenas o en sus labores productivas”, explicó el vicepresidente de Corfo.
“Hay otros actores que también son muy importantes, que son las empresas proveedoras de Huachipato. Esas empresas también van a sufrir porque ahora no van a tener ese poder de compra. Nosotros hicimos un catastro bien específico”, afirmó.
“De hecho, tenemos completamente identificadas cada una de las empresas que eran proveedoras, de cuyas ventas Huachipato remontaba más del 10% de las ventas. Son 162 empresas proveedoras y 4.000 personas involucradas. Para ese tipo de empresas también hay considerado un apoyo”, aseguró.
Benavente añadió que desde Corfo ayudarán a dichas empresas a buscar otros compradores para sus productos y servicios; específicamente a través del programa Activa Inversión, “estamos implementando ayuda para temas de emergencia donde nosotros ponemos hasta 35 millones de pesos para inversiones en equipos u otras necesidades que estén orientadas a atender esa demanda y ese cambio”.
El cierre de la siderúrgica no solo tiene consecuencias en la economía local, sino que hay una dimensión social y cultural que se ve afectada.
Consultado por esto último, el vicepresidente de Corfo indicó que “para eso se generó una institucionalidad, una gobernanza que está constituida principalmente por los sindicatos de Huachipato o ex-Huachipato en este caso, el Ministerio de Economía, junto con otras empresas, asociaciones gremiales de empresas, productores o lo que llaman tractoras en las zonas Biobío como el sector pesquero, el sector forestal, el sector de energía y nuevos sectores como la minería y el hidrógeno verde”.
En segundo lugar, José Miguel Benavente destacó que el sector siderúrgico es estratégico en todos los países del mundo y “la idea, si bien Huachipato se cierra ahora, como Corfo tenemos unas pertenencias mineras, así como tenemos las del litio, también tenemos de hierro y dentro de los planes lo que vamos a hacer es una licitación internacional para la explotación de esa mina de hierro, con la condición de que quien se adjudique, también participe en la producción de acero, pero en este caso de acero verde”.
En relación a los temores que existen que se repita lo que sucedió con el cierre de las minas del carbón, afirmó que “lo que se está haciendo ahora, a diferencia de ese momento, es esta institucionalidad en la cual está participando el sector privado y los sindicatos activamente”.
“Ellos están definiendo la planilla de competencias y necesidades que requieren para que nuevos trabajadores sean incorporados. Y en función de eso, hay una oferta de capacitación y recursos”, señaló.
En relación a los tiempos de duración de este programa, la autoridad señaló que “es un programa con medidas muy concretas de corto plazo, con estos subsidios que empiezan a operar el primero de octubre. Hay medidas más de mediano plazo que tienen más o menos un alcance de un año, un año y medio”.
“Creo que lo que me preocupa es que haya una continuidad en este tipo de implementación a través del tiempo, más allá del término de esta administración y estamos generando esta institucionalidad que no solamente depende del sector público, sino también del sector privado y está involucrada la universidad y los sindicatos”, precisó.
Añadió que “lo que me gustaría tratar de evitar, es que después de la buena voluntad y el compromiso que tenemos, por lo menos en nuestro lado durante esta administración, ojalá esto siga andando. Y eso es un tema que obviamente nos preocupa”.
PURANOTICIA
