La medida, incluida en el plan de reactivación, podría reducir hasta en 6% el valor de las propiedades nuevas, disminuyendo las exigencias de ingreso y ampliando el acceso al financiamiento hipotecario, según estimaciones del OCEC UDP.
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Incluida dentro del proyecto de reconstrucción, la propuesta que busca suspender por 12 meses el cobro del IVA en la comercialización de departamentos y casas nuevas abriría la puerta del mercado hipotecario a un mayor número de ciudadanos. Esto, como consecuencia directa de la esperada caída en los valores finales de las propiedades.
De acuerdo con lo consignado por El Mercurio, tanto compañías del rubro como especialistas calculan que la eliminación de este gravamen generaría un descenso cercano al 5% en el precio de los bienes raíces. No obstante, alertan que esta rebaja podría profundizarse en caso de que se logre conservar el IVA de la construcción asociado al gasto en materiales.
Cabe recordar que el impuesto a la venta de propiedades a estrenar comenzó a aplicarse en 2016. Su tasa efectiva resulta inferior al tradicional 19%, puesto que el gravamen recae exclusivamente sobre la construcción y no sobre el terreno.
Para medir el alcance de esta iniciativa, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) elaboró una investigación enfocada en inmuebles valorizados en 4.000 UF. El reporte evaluó tres posibles escenarios de contracción en los precios (2%, 4% y 6%) y determinó que el universo de nuevos sujetos de crédito crecería entre 62.000 y casi 155 mil personas, contemplando incluso a quienes optarían por complementar rentas con su pareja.
Al desglosar las proyecciones, el documento detalla que una merma del 2% dejaría el valor de una vivienda de 4.000 UF en 3.920 UF. Bajo estas condiciones, los aspirantes a un préstamo hipotecario necesitarían demostrar rentas mensuales de al menos $2.588.462. Dicha cifra representa una exigencia $54.026 más baja frente al panorama actual sin la exención tributaria, lo que habilitaría a 62.437 personas adicionales para conseguir financiamiento.
Por otro lado, si la caída del precio alcanzara un 4%, la propiedad pasaría a costar 3.840 UF. En este caso, el sueldo mínimo requerido por la banca se ubicaría en torno a los $2.536.025, es decir, $106.463 menos que en la situación original. Gracias a este nuevo piso de ingresos, 95.704 nuevos individuos estarían en posición de solicitar un crédito.
Finalmente, frente a un retroceso del 6% en el valor final, la renta mínima exigida descendería a $2.483.589. Esto se traduce en una diferencia de $158.899 a favor del comprador al compararlo con el escenario donde se cobra el IVA, permitiendo que 154.448 personas se sumen al grupo con recursos suficientes para la operación.
Pese a estas cifras, el investigador del OCEC UDP, Antonio Espinoza, precisó en el texto que “si bien la política de exención del IVA a la vivienda nueva tendría un potencial efecto reactivador del sector inmobiliario, tendría un impacto pequeño en cuanto a reducir el déficit habitacional cuantitativo, toda vez que el grueso de quienes pasarían a tener los ingresos necesarios para solicitar un crédito hipotecario para la compra de una vivienda nueva ante la reducción del IVA, se concentraría en personas que residen en un hogar sin déficit habitacional cuantitativo”.
En paralelo a la suspensión del tributo, diversos especialistas han enfatizado la urgencia de flexibilizar las barreras crediticias. Entre las recomendaciones destacan la mantención y ampliación del Fogaes, así como la continuidad del subsidio a la tasa hipotecaria para la compra de propiedades nuevas de hasta 4.000 UF.
Durante la jornada de este jueves, el presidente de Besalco, Paulo Bezanilla, argumentó que para lograr un efecto de mayor magnitud es indispensable que el subsidio se acople a la pausa en el cobro del IVA.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, afirmó que “la ley de subsidio a la tasa ha sido una herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda. De hecho, en cerca de 10 meses de implementación, el cupo de las 50.000 viviendas que considera ya presenta 75.000 solicitudes elegibles, por lo que en la práctica se encuentra agotado. Lo anterior da cuenta de su efectividad. Por ello, hemos planteado la necesidad de avanzar hacia una versión 2.0 que permita ampliar su alcance y consolidar sus beneficios”.
Sobre este punto, Antonio Espinoza concluyó que “todas las medidas que se complementen para ayudar a reducir la carga económica de las personas serían un beneficio”.
PURANOTICIA
