Los procedimientos afectan a dos empresas establecidas en la zona sur del país: Tulsa S.A., empresa de contrachapados ubicada en la comuna de Lota, de la Región del Biobío, y la generadora de electricidad Energía León, de la comuna de Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble.
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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició los primeros procedimientos sancionatorios relacionados a incumplimientos a la normativa ambiental que define impuestos verdes.
Los procedimientos afectan a dos empresas establecidas en la zona sur del país: Tulsa S.A., empresa de contrachapados ubicada en la comuna de Lota, de la Región del Biobío, y la generadora de electricidad Energía León, de la comuna de Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble.
Según la SMA, los titulares no registraron ni presentaron sus reportes trimestrales de monitoreo de sus emisiones. Con base en dichos reportes, la SMA informa el consolidado de emisiones al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que este servicio realice el cálculo del gravamen del impuesto verde.
En el caso de Energía León, la superintendencia formuló un cargo de carácter gravísimo tras constatar que la empresa no presentó los reportes trimestrales de monitoreo de las emisiones del establecimiento, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, evitando el ejercicio de las atribuciones de la SMA.
Al ser considerada una infracción gravísima, Energía León arriesga clausura o multa de hasta 10.000 UTA, equivalentes a más de $7.759.920.000 a valor actual.
En el caso de Tulsa S.A., la superintendencia formuló cinco cargos contra el titular uno de carácter gravísimo y cuatro de carácter leve, tras constatar como primera infracción que la empresa no presentó los reportes trimestrales de monitoreo de las emisiones del establecimiento, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, evitando el ejercicio de las atribuciones de la SMA.
Por ello, Tulsa S.A. arriesga -por impuesto verde- clausura, o multa de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales, es decir, hasta $ 7.759.920.000, según valor actual -enero 2024-. Y por cargos leves al incumplir la normativa ambiental durante episodios críticos en Concepción, establecidos en el marco del Plan de Prevención y Descontaminación de la zona, arriesgaría además multa de hasta 4.000 UTAs, es decir, $ 3.103.968.000.
Al respecto, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer Bodin, explicó que “los impuestos verdes son un instrumento económico que grava las externalidades producidas por una fuente afecta".
"Su aplicación efectiva permite que quien contamine deba internalizar el costo y retribuir a través de un pago, generando el incentivo para que la fuente contaminante intente reducir su carga tributaria a través del mejoramiento de procesos, cambio de combustibles o innovación tecnológica, incidiendo en la reducción de contaminantes atmosféricos, contribuyendo a una mejor calidad ambiental", añadió.
"Es imperativo que los establecimientos afectos al impuesto verde hagan entrega de la información de sus emisiones y actúen acorde a lo que indica la normativa ambiental”, concluyó
Las empresas tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) y de 15 días hábiles para formular sus descargos tras la notificación del procedimiento sancionatorio.
PURANOTICIA
