Una metodología diseñada en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián elaboró un índice para cuantificar lo que se deja de percibir a partir de la burocracia en la entrega de autorizaciones para la inversión, revelando que la problemática pasó de significar un perjuicio de 0,2% del PIB en 2002, a un 0,58% en 2023.
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Considerando las demoras en función de los proyectos de tramitación, el costo aproximado de la “permisología” sobe la economía se estimó en casi US$ 2.000 millones el año pasado.
Según publica El Mercurio, una metodología diseñada en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián elaboró un índice para cuantificar lo que se deja de percibir a partir de la burocracia en la entrega de autorizaciones para la inversión, revelando que la problemática pasó de significar un perjuicio de 0,2% del PIB en 2002, a un 0,58% en 2023.
La medición, a cargo del decano Alejandro Weber y del exsuperintendente de Medio Ambiente Cristóbal de la Maza, tomó datos disponibles en la plataforma digital del Sistema de Impacto Ambiental (SEIA) y estableció una ponderación considerando el monto de la inversión que potencialmente pudo ser aprobada junto con la tasa de rechazo de cada proyecto en relación al plazo legal.
De la Maza explica que el índice “integra la inversión en tramitación, el costo de capital por sector económico, la probabilidad de aprobación de un proyecto en trámite dependiendo del tipo de permiso, y considera la relación entre tramitación del permiso ambiental versus otros permisos. Representa el costo esperado de retrasar la puesta en marcha de estos proyectos”.
De la revisión histórica se obtiene que si bien el costo asociado a la “permisología” ha ido en aumento, el monto máximo se alcanzó en 2016, con un total de US$ 2.305 millones, equivalentes a 0,92% del PIB.
Dicho resultado está influido por un elevado monto de inversiones en evaluación, que este año superaba los US$ 40.000 millones, junto con una tasa de retraso de 62,7%.
Este indicador, que mide la demora en relación a los tiempos legales de aprobación, alcanzó un máximo de 70,3% en 2022 y se ubicó en 65,5% el año pasado, El umbral del 60% de hecho se superó por primera vez en el año 2024.
Weber afirma que del análisis de los datos se puede desprender que “los tiempos de tramitación han aumentado considerablemente y la probabilidad de rechazo ha aumentado de forma significativa”.
“También las condiciones del mercado y el costo de capital se han elevado”, dijo, lo que “incrementa los costos de la permisología”.
PURANOTICIA
