La industria salmonera mostró su descontento por un convenio acordado entre el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la ONG Oceana, el que busca generar una plataforma para fiscalizar a las empresas salmoneras, accediendo a información confidencial de sus centros de cultivo, como la carga de antibióticos y la biomasa.
La industria salmonera mostró su preocupación por un convenio establecido entre el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la ONG Oceana.
Según consignó La Tercera, el acuerdo, firmado el pasado 12 de febrero, busca generar una plataforma para fiscalizar a las empresas salmoneras, accediendo a información confidencial de sus centros de cultivo, como la carga de antibióticos y la biomasa.
El escrito establece que el acuerdo se enmarca en “la Ley 21.532, que modifica la Ley 18.892 en materias de captura de salmónidos como así también la transparencia en la entrega de datos sobre el uso de antibióticos y parasitarios, mortalidades, producción y escapes, incentivando el mejoramiento de una actividad que genera altos impactos en el medio ambiente”.
La directora Ejecutiva Consejo del Salmón, Loreto Seguel, manifestó que este acuerdo “genera gran molestia y reparos, tanto por la forma como por el fondo”.
“A través de este acuerdo se estaría entregando a una entidad privada, de origen extranjero, de financiamiento desconocido, información sensible y con acceso privilegiado, de la segunda industria exportadora más relevante de Chile”, añadió.
Asimismo, argumenta que “en un proceso poco transparente, de espaldas a esta industria, y eximiendo a esta ONG a priori de toda responsabilidad en el manejo y tratamiento de datos. Por último, esta ONG es detractora de la industria salmonera, por lo que estamos ante una situación de alta complejidad que requiere de toda nuestra atención, no solo como industria sino como país”.
El presidente Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, indicó que la ley mandata a Sernapesca, “a disponer de la información sobre el uso de antibióticos, antiparasitarios y escapes de peces de manera semestral y no a la ONG Oceana”.
“Sin embargo, Sernapesca acepta la donación de una ONG con evidentes intereses y que ha manifestado su opinión contraria a la actividad. Además, el convenio exime a la ONG de cualquier error en el manejo de los datos o en la falla de la plataforma, es decir, si la ONG publica datos erróneos que podrían afectar a una empresa, no hay responsabilidad”.
Mientras que el presidente de SalmonChile, Arturo Clement, sostuvo que como gremio, “esta acción nos causa sorpresa y preocupación. Sorpresa, dado que Sernapesca opta por desarrollar esta plataforma con una ONG que tuvo un rol activo en la tramitación de este proyecto de ley y que, por lo tanto, sigue teniendo un interés directo en este tema, lo que claramente genera un conflicto por su falta de imparcialidad ante su conocida postura o sesgo hacia la industria”.
“Muy distinto es haber convocado desde el inicio a una agenda público-privado de todos los interesados para trabajar en conjunto el diseño de la plataforma. Acá fallaron las formas, la comunicación y la información, por lo que estamos analizando las implicancias o vicios que puedan existir en esta medida”, precisó.
La directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth Van der Meer, calificó las respuestas de los gremios como una “sobrerreación” y señaló que Sernapesca es el encargado de publicar los datos de antibióticos y biomasa, siendo ellos los que fueron encargados de “apoyar a Sernapesca para encontrar un sistema en donde pudiera publicar esta información, pero de manera legible, porque si publican 100 mil tablas en Excel no se entiende nada”.
“Nosotros apoyamos simplemente a generar el sistema y después se lo entregamos a Sernapesca. Ellos verán si lo usan o no. Pero es un sistema de inteligencia para reportar datos”, agregó.
En ese sentido, manifestó que la respuesta de los gremios “es una sobrerreacción, porque están tratando de frenar a Sernapesca. No entiendo por qué ocultar estas informaciones, y que la Corte de Apelaciones en varias ocasiones así lo ha confirmado. La información tiene que ser pública, porque los consumidores deben saber qué están comiendo”.
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