Esto representa un incremento de 1.543% entre enero y junio de este año, respecto a igual lapso de 2023 y de casi 35% frente al segundo semestre del año pasado.
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Mensajes de voz por Whatsapp o videos compartidos por redes sociales de los usuarios son las principales estrategias utilizadas para cometer fraude, algo que los bancos definen como autofraudes.
Según información entregada por las propias entidades bancarias en sus páginas web, el total de clientes que señalaron haber sido afectados por fraudes en el primer semestre llegó a 367.111 personas, por debajo de las 420.928 del segundo semestre de 2023, pero muy por encima de la primera mitad de dicho año, cuando fue de 250.424 usuarios.
Al desglosar la cifra por medio de pago, lideran los fraudes en cajeros automáticos, que alcanzaron a 134.014 usuarios, equivalente al 36,5% del total.
Este registro, además, supera por siete veces a los 17.466 del mismo periodo del año previo, registrando un alza de 667%. No obstante, constituye un descenso de 15% respecto de los 158.312 usuarios del segundo semestre de 2023.
Pero si se revisan los montos involucrados, el récord es histórico: se totalizaron fraudes por $116.964 millones en los cajeros automáticos. Esto representa un incremento de 1.543% entre enero y junio de este año, respecto a igual lapso de 2023 y de casi 35% frente al segundo semestre del año pasado.
Cristián Vega, gerente de Operaciones y Tecnología de la Asociación de Bancos (Abif), indicó que “el aumento de fraudes en cajeros automáticos, así como otros observados antes del cambio a la ley, representan un incremento significativo en acciones de autofraude observadas entre el 2023 y el primer semestre de 2024, que se debieron a las condiciones que permitía el marco normativo que rigió esos años”.
El mecanismo de los autofraudes en cajeros automáticos, implicaba un giro de dinero realizado por la persona por hasta lo que permitiera el cajero, con un límite de UF35 -$1,3 millones aproximadamente-, para así poder optar al reintegro en un máximo de 5 días luego de denunciar ante la entidad el desconocimiento de la operación.
Originalmente, la Ley de Fraudes se aprobó en 2020, y buscaba que los bancos se hicieran responsables por los fraudes que sufren los usuarios. La ley implicaba que a partir del momento en que el titular de una tarjeta reportara el extravío, hurto, robo o desconociera una operación realizada con el plástico, el emisor debía abonarle dentro de los 5 días hábiles siguientes al aviso, el monto defraudado, si era hasta UF35. Sin embargo, el fuerte incremento de los casos de autofraudes empujó al gobierno a tramitar una reforma legal que permitiera reducir tales cifras.
Nueva ley
En abril de este año se aprobó la iniciativa que, entre otras cosas, reduce los plazos para desconocer transacciones por parte de los clientes, acotándolos desde 120 a 60 días; impone la exigencia a los usuarios de presentar una denuncia ante Carabineros o juzgados de policía local luego de desconocer una transacción; a la vez que establece la extensión de 5 a 10 días hábiles en giros en cajeros automáticos o presenciales o canal físico; así como la dictación de un reglamento para determinar los montos mínimos a ser devueltos.
La ley también entregó facultades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para dictar estándares mínimos de seguridad, autenticación y registro, y debe proponer a las instituciones suspender la restitución de los montos desconocidos y ejercer acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario.
Si bien la ley fue aprobada en abril, aún restan algunos aspectos. El Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio de Economía tienen un plazo de doce meses para dictar un reglamento para establecer los umbrales para la restitución de fondos en casos de fraudes, esperando reducirlo desde el monto actual de UF35, así como para regular mecanismos de autenticación.
Pero aspectos como la obligación de presentar denuncia ante Carabineros por parte el usuario afectado por fraude, ya rige.
Por ello es que Cristián Vega sostiene que, “mirando hacia adelante, es importante ir monitoreando el impacto de la adecuación a la ley, la cual, para su completa implementación, requiere de la normativa de la CMF respecto a mecanismos de autenticación”.
(Imagen referencial)
PURANOTICIA
