El documento que entregaron los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube consta de 34 páginas, donde se exponen una serie de antecedentes a tomar en cuenta en el control de constitucionalidad del mencionado proyecto de ley.
visitas
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acudió al Tribunal Constitucional (TC) acusando que existirían "vicios de inconstitucionalidad" en la ley que sistematiza los delitos económicos, más conocida como "Ley contra Delitos de Cuello y Corbata", despachada por el Congreso el pasado 16 de mayo.
El documento que entregaron los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube consta de 34 páginas, donde se exponen una serie de antecedentes a tomar en cuenta en el control de constitucionalidad del mencionado proyecto de ley.
En el texto, ambos abogados advierten que "las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico".
Además, señalan que "lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio Orden Público y económico, al 'seleccionar' a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general".
Dentro de los sesgos que tendría la iniciativa que busca aumentar penas a quienes cometan estos tipos de ilícitos, Zaliasnki y Huber indicaron que hay una "mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley".
Los abogados de la CPC sostuvieron que el problema podría derivar "en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos".
En esa línea, desde el gran empresariado criticaron que se busque "una 'culpabilidad muy elevada' de una persona solo por el hecho de tener 'posición jerárquica superior en la organización' al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución".
Y el Ejecutivo lamentó esta acción, al respecto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que "habría que analizar esa presentación en detalle para poder referirnos en profundidad. Sin embargo nos gustaría aprovechar esa pregunta para destacar lo importante que fue la aprobación en el Congreso de manera bastante transversal del proyecto de ley que ahora es ley, sobre los delitos económicos y ambientales".
"Hemos elevado de manera ejemplar en Chile los estándares para la persecución de los delitos de cuello y corbata. Es un proyecto que pone fin a las clases de ética cuando se cometen estos delitos, cuando incluso se incurre en actos de corrupción del poder económico con el poder político, que la sanción no sea simplemente una capacitación, una clase de ética, sino que hayan penas asociadas, o multas proporcionales al delito cometido", sumó.
En la misma línea, la titular de la Segegob indicó que "es algo que lamentablemente hoy día se está cuestionando. Como lo decía, habría que ver el detalle de esa presentación, pero a todas luces es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país, en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público, o incluso respecto a ley y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país".
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, aseguró que la arremetida del gran empresariado "es el mismo mecanismo que se utilizó para objetar al Sernac. En ese momento, el Congreso aprobó por amplia mayoría tener un Sernac con dientes, vino luego un téngase presente y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue doblar la voluntad del Congreso".
"La presentación que se hace ahora contra delitos económicos se parece, se parece en la figura, de tener mejores herramientas para la fiscalización, se parece en el modo, el Congreso lo aprobó por amplia mayoría, y se parece por la redacción, ocupar un medio como un simple téngase presente para que el Tribunal Constitucional doblegue la voluntad del Congreso. En ambas situaciones, lo fue antes inadmisible y ahora también es inadmisible", agregó.
Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que "este proyecto de ley ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en las asesorías. Ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine, sin embargo el sector privado parece que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final. Me parece que todo el mundo tiene derecho de petición. Lo que me parece que es un indicador políticamente incorrecto es tratar de utilizar al TC en el control preventivo, para alterar la voluntad del Congreso".
(Imagen: Mario Téllez)
PURANOTICIA
