El CFA entregó una serie de recomendaciones para que el gobierno las pueda implementar y Hacer viable financieramente de esta propuesta.
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Ante la petición de parlamentarios de oposición de las dos comisiones de Hacienda del Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió un informe al Congreso con una serie de cuestionamientos a la propuesta del Gobierno para financiar la Pensión Garantizada Universal, sugiriendo cambiar el método para costear el beneficio.
En el documento, la entidad evaluó las tres fórmulas del Ejecutivo para juntar los recursos: la reducción y eliminación de las exenciones tributarias; la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026); y la reducción del aporte mínimo obligatorio que anualmente debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) de 0,2% a 0,1% del PIB.
El consejo advirtió que “si bien el Ministerio de Hacienda indica que en régimen el mayor gasto fiscal con las indicaciones se ubicaría en aproximadamente 0,95% del PIB, las cifras hacia 2050 no muestran una estabilización completa del mayor gasto, ya que para dicho año este aún se encuentra en ascenso”.
El primer elemento analizado por el organismo fue el periodo de proyección fiscal: "Si bien el CFA valora que la Dipres realice proyecciones a cerca de 30 años (2050), tratándose de materias previsionales se sugiere, en línea con recomendaciones internacionales, que dicho ejercicio considere un horizonte aún mayor (por ejemplo, de al menos 50 años), de forma tal de apreciar en plenitud el efecto de la transición demográfica en el sistema”.
Posteriormente, abordó las proyecciones a largo plazo y los supuestos de indexación utilizados, "así como la importancia de contar con escenarios alternativos que consideren la incertidumbre y en que las prestaciones crezcan, por ejemplo, a la par de los salarios reales".
Mientras, el tercer elemento de análisis fue revisar si la propuesta "cumple o no el principio de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes, clave para la sostenibilidad fiscal".
Con dichos antecedentes, el ente informó que “lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU".
Para llegar a dicha conclusión, el CFA abordó los métodos propuestos por el Ejecutivo, siendo el primero la reducción y eliminación de las exenciones tributarias. Sobre ella, afirmó que que corresponde a nuevos ingresos permanentes, por lo que su efecto para financiar el gasto de la PGU no tiene impacto sobre el balance estructural ni en la deuda bruta o neta del gobierno.
Sin embargo, acusó sobre “la fecha de entrada en vigencia de esos cambios a las exenciones, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado del que crea la PGU". Por ello sugirió “buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU”.
Luego, la CFA se refirió a la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026), indicando que su aplicación para financiar la PGU “no significaría conceptualmente un deterioro para el balance estructural, al menos respecto de lo ya proyectado hasta 2026, por lo que, en un principio, no afectaría la deuda bruta ni neta del gobierno. Esto, asumiendo que la ley larga de pensiones no se aprueba, ya que no podría usarse la misma fuente de financiamiento para dos proyectos distintos”.
Aún así, realizó “una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento y plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural. De esta forma, se identifican desafíos y riesgos para la consolidación fiscal si se considera esta provisión como financiamiento permanente”.
Y respecto a la reducción del aporte mínimo obligatorio al FRP, el CFA indicó que “implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros, para destinarla a gasto corriente en pensiones”.
"En cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados”, agregó el consejo encabezado por Jorge Desormeaux.
Asimismo, apuntó a que “la deuda neta aumentaría, debido a que el cambio implica un menor ahorro destinado al FRP, al reducir su aporte mínimo anual a la mitad. En base a este análisis, el Consejo sugiere su reemplazo por otra fuente de financiamiento con características de permanente”.
PURANOTICIA
