Instancia respaldó 31 de las 32 partidas presupuestarias correspondientes a los distintos ministerios, poderes autónomos y el Tesoro Público.
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La Cámara de Diputados inicia este lunes la revisión del proyecto de Ley de Presupuestos 2025, la que se prolongará hasta el miércoles, día en que se espera la votación. La próxima semana será el turno del Senado. Si hay discrepancias entre ambas cámaras, se zanjarán en una comisión mixta. El plazo legal límite para despachar el Presupuesto 2025 es el viernes 29 de noviembre.
La madrugada del viernes pasado y luego de casi cuatro días de discusión, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos despachó el proyecto a la Cámara de Diputadas. La instancia –conformada por 13 diputados e igual número de senadores– respaldó 31 de las 32 partidas presupuestarias correspondientes a los distintos ministerios, poderes autónomos y el Tesoro Público, además del articulado de la propuesta.
Sin embargo, la comisión rechazó los recursos para el Ministerio de Defensa y programas y asignaciones particulares de 17 partidas que, para ser reincorporadas, deberán ser repuestas por el Ejecutivo en la etapa de la tramitación legislativa que se inicia este lunes.
Algunos de los rechazos son los recursos para el Mundial de Fútbol Sub-20, del que Chile será anfitrión en 2025; el Fondo del Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Dirección del Trabajo y la Superintendencia del Medio Ambiente, entre otros.
Para avanzar en la tramitación, el Ejecutivo presentó un acuerdo marco compuesto por cinco ejes: ingresos fiscales, gasto público, actualización de ingresos, gastos y balance fiscal, financiamiento, y transparencia.
En primer lugar, el Ejecutivo comprometió contar con una asistencia técnica externa de un organismo internacional especializado para la revisión y actualización de los modelos de proyección de ingresos fiscales. Se precisó que las propuestas que entregue esta asistencia técnica deberán recoger los aportes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y se materializarán, en lo que corresponda, con anterioridad a la presentación del primer Informe de Finanzas Públicas de 2025.
En materia de gasto público, se acordó que se efectuará un ajuste del Presupuesto para 2025 equivalente a $543.539 millones (US$600 millones), el que se realizará mediante una rebaja de los subtítulos correspondientes a gastos operacionales y transferencias de capital en un porcentaje parejo entre las distintas partidas presupuestarias, incluyendo el Tesoro Público. Esta rebaja la implementará el Ministerio de Hacienda mediante decretos que se emitirán dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, es decir, en enero.
El menor gasto público excluirá a los servicios de salud, a las policías de Carabineros e Investigaciones, a Gendarmería de Chile, al sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda. Con esta rebaja, el crecimiento del gasto respecto del presupuesto de 2024, más reajustes y leyes especiales, se reducirá desde 2,7% a 2,0%.
Como tercer eje, se acordó que en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2025 se actualizará la proyección de ingresos efectivos y estructurales del gobierno central, considerando la recaudación efectiva de 2024, los ajustes metodológicos que se hayan identificado como producto de la asesoría externa antes mencionada y la actualización de proyecciones macroeconómicas para el año.
Sobre esta base, la Dirección de Presupuestos determinará el nivel de gastos compatible con el cumplimiento de la meta fiscal del año correspondiente a –1,1% PIB y, a partir de ahí, los ajustes que se requieran para su logro.
Respecto del eje de financiamiento, se comprometió que los eventuales retiros del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se efectuarán de acuerdo con la normativa vigente de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Complementariamente, se deberá solicitar autorización al Congreso para efectuar retiros al FEES cuando éstos superen en el acumulado del año el 0,3% del PIB. Además, se propondrá una norma permanente que aplique este criterio en los años siguientes, de tal manera que, junto con aportes graduales preestablecidos, se logre alcanzar una meta para el nivel en régimen del FEES.
Dentro del mismo eje, se acordó que se mantendrá el límite de endeudamiento de US$16.000 millones propuesto inicialmente, del cual cerca de US$8.000 millones corresponden a amortizaciones de deuda y ajustes financieros mandatados por ley, en tanto que el financiamiento destinado al balance de operaciones del gobierno se estima en menos de US$4.000 millones.
Finalmente, en materia de transparencia, se definió –entre otros puntos- que en cada informe de ejecución presupuestaria mensual, tal como se presentan los ingresos, gastos corrientes y gastos de capital, se incluirá a partir de enero de 2025 la variación de los fondos soberanos, así como la ejecución de gastos “bajo la línea”.
PURANOTICIA
