Desde el oficialismo admiten que no existe consenso respecto a la moción de la diputada Pérez, lo que complica su tramitación.
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Con la mirada puesta en las próximas elecciones de noviembre, la Cámara de Diputados se prepara para una votación crucial: la reforma constitucional que busca reinstaurar el voto obligatorio con multas para quienes no participen. El proyecto, impulsado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), propone sanciones que van desde los $33.000 a los $210.000 pesos para los ciudadanos chilenos que no acudan a sufragar.
La iniciativa ha provocado un intenso debate entre el Gobierno y el Congreso, especialmente por la exclusión de los extranjeros en el régimen de multas. Mientras que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, había calificado el proyecto como "un camino de solución", el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a tensar el ambiente al insistir en la necesidad de regular el voto de los extranjeros por razones de soberanía.
En respuesta a las palabras del ministro, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), criticó la postura del Gobierno. "El Gobierno no ha querido estar en esta discusión", afirmó Castro, quien convocó a la sesión especial para debatir y votar el proyecto.
A pesar de las diferencias, la diputada Pérez se mostró optimista sobre el resultado de la votación. "Nosotros tenemos confianza en que hoy día contamos con los votos para aprobar la ley", señaló la parlamentaria, quien espera que el proyecto avance sin mayores obstáculos al Senado.
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