Luego que 30 profesionales fueran formalizados, cuatro hombres y tres mujeres quedaron en prisión preventiva; mientras que el resto de la organización quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de emitir licencias médicas.
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Siete de los 30 médicos colombianos acusados de entregar licencias médicas falsas y defraudar por al menos $700 mil millones al Fisco quedaron en prisión preventiva, según lo determinó el 14º Juzgado de Garantía de Santiago.
De acuerdo al Poder Judicial, se trata de cuatro hombres y tres mujeres: Samir Rivaldo Hernández, Yesica Donado Alvis, Rodrigo Campos Cuello, Daniela Gallegos Leiva, Álvaro Gnecco Cervantes, José Gnecco Cervantes, Lizney de la Hoz Orozco.
En la audiencia de formalización se dio a conocer que los sujetos –coordinados por los siete que quedaron con la medida cautelar privativa de libertad– constituyeron sociedades médicas para entregar licencias médicas que, por ejemplo, para 30 días, tenían un costo cercano a los $70.000 y sin realizar ningún diagnóstico ni atención.
También se detalló que uno de los médicos creó 10 centros falsos para lucrar con las licencias para, posteriormente, girar el dinero a Estados Unidos y Colombia.
Otra situación informada en la audiencia de formalización dice relación con que los delitos de los profesionales habrían alcanzado entre el 35% al 40% de las licencias facilitadas por todos los médicos del país durante este año.
Cabe hacer presente que el resto de los imputados por la justicia quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de emitir licencias médicas.
La formalización de los ciudadanos extranjeros se pudo llevar a cabo luego de un procedimiento de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en dos centros médicos y 32 domicilios, en los que junto a los profesionales de la salud también se detuvo a tres chilenos y dos venezolanos, que ejercían como captadores de clientes.
En el marco del operativo denominado «Licenciados para defraudar», cuyas indagatorias se extendió en seis meses, la Policía de Investigaciones informó que los detenidos mantenían una vida al estilo narco, la que incluía vehículos de alta gama, ropa de marcas de lujo y costosas joyas, incluso personalizadas con sus respectivos nombres. Esto, sin mencionar las casas que adquirieron en la playa y en el campo.
En el procedimiento, efectuado incluso con agentes encubiertos, también se incautó dinero en efectivo en pesos chilenos y también en dólares americanos. De igual forma se incautaron computadores, teléfonos celulares y lectores biométricos, entre otros objetos que utilizaban para efectuar el delito.
Los acusados de los delitos de fraudes de subvención, asociación ilícita y lavado de activos actuaban siguiendo tres roles: médicos, representantes legales y captadores.
Los médicos actuaban bajo sociedades médicas, lideradas por los siete sujetos que quedaron en prisión preventiva, quienes se coordinaban con otros profesionales recién llegados a Chile para comenzar a vender licencias de manera indiscriminada, lo cual lograban con ayuda de los representantes legales.
Los representantes legales, que no sólo eran médicos, tenían como principal función realizar los trámites tributarios de los doctores arribados a nuestro país para que pudieran ejercer y tener derechos a emitir licencias médicas.
Los captadores, en tanto, eran principalmente personas ligadas a los centros de salud, que tenían como principal función captar pacientes a través de las redes sociales. De esta manera, el captador tenía dos misiones: remitir una licencia a través de WhatsApp, previa transferencia bancaria; o derivar al paciente con un médico para que retirara de forma presencial la licencia en cuestión.
Respecto al precio de las licencias, desde la PDI señalaron que la más barata, por 11 días, costaba entre $30.000 a $35.000. La más cara, en tanto, por 22 a 30 días, costaba entre $70.000 a $75.000. Por todas ellas los captadores recibían una comisión.
PURANOTICIA
