El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) del Vaticano concluyó que "no se logró la certeza moral suficiente sobre los delitos denunciados".
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El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) del Vaticano, en respuesta a la apelación presentada por el sacerdote Felipe Berríos, dispuso dejar sin efecto las sanciones de restricción al ejercicio del ministerio y la expulsión de la Compañía de Jesús que se habían impuesto al religioso.
A través de un comunicado, la máxima autoridad en materia de justicia canónica de la Iglesia Católica concluyó que "no se logró la certeza moral suficiente sobre los delitos denunciados".
Con esto quedan sin efecto las sanciones que lo restringían del ejercicio del ministerio y su expulsión de la Compañía de Jesús, según se informó este martes desde el Vaticano.
La decisión revierte la expulsión que había sido decretada contra Berríos en abril de 2024, la misma que él apeló en junio de ese año y cuyo proceso culminó con este resultado. Todo esto por los “hechos de connotación sexual” de los que fue acusado el sacerdote.
Según la declaración pública, la decisión del DDF es inapelable.
Pese a la resolución vaticana, la Compañía de Jesús expresó que respetará y ejecutará íntegramente lo instruido, pero considerando los antecedentes reunidos, anunciaron que se iniciará un proceso de reparación con las ocho personas denunciantes e impondrá a Berríos medidas disciplinarias relacionadas con su estilo de vida y su actividad apostólica.
"Como Compañía de Jesús, reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y de la justicia, nuestro absoluto rechazo a cualquier tipo de abuso y nuestro esfuerzo sostenido por el cumplimiento de protocolos que aseguren la debida protección de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad", concluye el comunicado.
El viernes 5 de diciembre, la Corte de Apelaciones ordenó el sobreseimiento del sacerdote Felipe Berríos, quien fue acusado del delito de abuso sexual por hechos que se habrían registrado en el año 2000 cuando una de las denunciantes tenía 15 años.
El tribunal confirmó que el caso estaba prescrito, "lo que impide jurídicamente determinar la efectividad de los hechos materia de la investigación, especialmente la culpabilidad del investigado”.
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