La autoridad afirmó que “es una medida que cumple tanto con la ley como con el propio instructivo, que establece mayores exigencias de las que existirían sin esta regulación”.
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La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes a la polémica generada por la contratación de Isabel Santibáñez, prima del mandatario, en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).
En la habitual rueda de prensa de los lunes, la portavoz del Gobierno se refirió al nombramiento de la geóloga y a la posible infracción del instructivo emitido por el Presidente poco después de asumir su mandato, el cual amplía las inhabilidades para contratar a familiares de autoridades en organismos públicos.
"Como ustedes saben, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha elevado los estándares establecidos por la ley en cuanto a la contratación de familiares, y esto se ha reflejado en los instructivos presidenciales. Estos instructivos se han respetado, ya que están principalmente relacionados con las contrataciones de confianza en los gabinetes ministeriales, subsecretarías y jefaturas en diversas reparticiones del Estado", afirmó la portavoz.
En este sentido, Vallejo aclaró que la decisión está en conformidad con la ley y con el instructivo presidencial, el cual ya había elevado los estándares aplicables. "Es una medida que cumple tanto con la ley como con el propio instructivo, que establece mayores exigencias de las que existirían sin esta regulación", agregó.
Además, la ministra desestimó la idea de que exista una contradicción entre la promesa de campaña de Boric —relacionada con limitar los sueldos del Presidente, ministros y parlamentarios a cinco millones de pesos— y la reciente resolución de la comisión encargada de fijar las remuneraciones, que estableció que el Presidente debe ser la autoridad política mejor remunerada del país. Según esta resolución, a partir de marzo de 2026, el Presidente recibirá una remuneración bruta de $10.269.076.
"Es importante destacar que, como Gobierno, hemos tomado decisiones para reducir ingresos en ciertos cargos públicos. No estamos aplicando cláusulas del sistema de remuneraciones del sector público para las autoridades de confianza, como ministros o subsecretarios. Son decisiones que corresponden únicamente al Ejecutivo", explicó Vallejo.
La ministra también advirtió que la decisión de la comisión es un asunto diferente, ya que se trata de un ente autónomo que ha determinado estas remuneraciones para el futuro, y no afecta al Presidente actual ni a los ministros o subsecretarios de este Gobierno. "Es una regulación independiente que no impacta a la administración actual", enfatizó.
Finalmente, Vallejo subrayó que este ajuste salarial no concierne al gobierno actual, aunque reconoció que las personas tienen derecho a opinar sobre estas decisiones, pero aclaró que no están vinculadas con determinaciones tomadas por el Ejecutivo.
PURANOTICIA
