Más de 114 mil millones costó el proceso que lideró la Convención Constituyente, mientras que el del Consejo Constitucional le costó al Estado otros $86 millones. Cabe recordar que ambas instancias terminaron siendo rechazadas por la ciudadanía, en sendos plebiscitos.
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Concluido el segundo proceso constitucional y con la confirmación de que, al menos durante la actual administración de Gobierno no habrá un tercero, comienzan los balances respecto a lo que han sido los dos Plebiscitos Constitucionales efectuados en nuestro país los años 2022 y 2023, además de los costos que sus procesos significaron.
Han sido cuatro años de intensos debates para cambiar la Constitución de 1980, aquella que algunos atribuyen al dictador Augusto Pinochet; otros al líder gremialista, Jaime Guzmán; y otros que destacan al ex presidente Ricardo Lagos. De ello, lo único cierto es que ninguna propuesta resultó y que sigue vigente dicha Carta Magna.
Tras el estallido social iniciado en octubre de 2019, la solución política a la que se llegó en aquel momento fue la firma del «Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución», el cual se firmó la madrugada del 15 de noviembre de 2019, con políticos de casi todos los sectores –incluido el entonces diputado Gabriel Boric– apareciendo como los gestores de esta salida pacífica a la grave crisis institucional que atravesaba el país.
Cerca de un año más tarde se incurrió en el primer gran gasto del proceso constitucional: el Plebiscito de entrada, realizado el 25 de octubre de 2020, el cual tuvo un costo de casi 26 mil millones de pesos ($25.802 millones). En dicha elección, los chilenos debían decidir si estaban de acuerdo o en contra con la redacción de una nueva Constitución; y, además, si ésta debía ser redactada por una Convención Constituyente o una Convención Mixta, vale decir, con parlamentarios y personas elegidas.
Como la victoria fue totalmente contundente a favor de la redacción de una nueva Constitución Política y que ésta estuviera a cargo de una Convención Constituyente, se fijó para los días 15 y 16 de mayo la elección de constituyentes, la cual tuvo un costo de más de 50 mil millones de pesos ($50.607 millones) para el país. Cabe hacer presente que en dicho proceso eleccionario, además en plena pandemia del Covid-19, se debieron elegir alcaldes, concejales y gobernadores regionales.
Los costos del primer proceso aumentaron durante el año de trabajo de la Convención Constitucional, realizado entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio de 2022, el cual tuvo un costo de 22 mil millones de pesos ($22 mil millones), teniendo en cuenta la dieta de los constituyentes, además de las remuneraciones de los asesores y otros gastos en que se debió incurrir durante esos 12 meses de funcionamiento del órgano.
Ya con los gastos bordeando los $100 mil millones para el Estado, el siguiente desembolso tenía que ver con el Plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, instancia donde los chilenos debían decir si se aprobaba o se rechazaba la propuesta de nueva Carta Magna que elaboraron los constitucionales. Esta última votación del primer proceso constitucional –donde ganó rotundamente la opción del «Rechazo»– le costó al país un monto de 20 mil millones de pesos ($20 mil millones).
Si bien, triunfó el «Rechazo» el 4 de septiembre del año pasado, el presidente Gabriel Boric convocó a un nuevo proceso constitucional, el segundo, esta vez programando para mayo de este 2023 la elección de consejeros constitucionales, la cual incluiría el voto obligatorio. La primera etapa de este nuevo proceso tuvo un costo que superó los 46 mil millones de pesos ($46.337 millones).
Con los 50 consejeros constitucionales trabajando en la sede de Santiago del Congreso Nacional, sumado a la labor desempeñada por la Comisión Experta, además de sus dietas y remuneraciones para sus equipos de asesores, el costo de este trabajo que se extendió por cinco meses, superó los 5 mil millones de pesos ($5.039 millones).
Tras estos cinco meses de trabajo, este domingo 17 de diciembre se llevó a cabo el Plebiscito de salida, donde nuevamente los chilenos debían dirimir si acogían o rechazaban la propuesta de nueva Constitución elaborada por los consejeros. Como ya se sabe, la iniciativa fue rechazada en una votación que tuvo un costo superior los 33 mil millones de pesos ($33.381 millones), según información estimada.
Cabe hacer presente que estos montos no incluyen los gastos asociados al trabajo realizado por el Congreso Nacional para reformar la Constitución y así permitir estos procesos. Tampoco se incluyen los más de $2 mil millones por concepto de campañas de difusión de los dos proyectos constitucionales. De esta manera, los dos procesos superaron los 205 mil millones de pesos ($205.166.000.000).
Con todos estos antecedentes, sólo resta dilucidar si realmente valió la pena destinar más de $200 mil millones a cuatro años donde lisa y llanamente no se consiguió nada, teniendo en cuenta que ambos procesos sufrieron un rotundo fracaso y que, tal como se dijo al inicio, Chile seguirá siendo regido por la Constitución de 1980.
PURANOTICIA
