El Fiscal Nacional además, destacó la "convicción democrática" del Ministerio Público en la investigación de delitos graves.
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En el marco de su Cuenta Pública 2024, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó la "convicción democrática" del Ministerio Público en la investigación de delitos graves y se refirió, específicamente, al «Caso Convenios», que en último tiempo ha causado polémica con el Gobierno.
En su discurso, mencionó que "este fenómeno, que remeció la confianza ciudadana y puso en tela de juicio la transparencia de los vínculos entre organismos públicos y fundaciones privadas, representó un verdadero punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones”, señaló.
Y agregó que “lo que estuvo en juego no fue sólo la legalidad de determinados actos administrativos, sino la legitimidad del Estado y su capacidad de garantizar un uso correcto y justo de los fondos públicos destinados al desarrollo social".
"Frente a esta realidad, el Ministerio Público asumió el desafío con la responsabilidad y rigurosidad que el momento exigía. Comprendiendo la magnitud del caso y su impacto transversal en la sociedad chilena, se desplegó una estrategia de persecución penal centrada en la coordinación, la especialización y la acción decidida", explicó el fiscal.
Y agregó que "el proceso investigativo se intensificó con la creación formal de las Fuerzas de Trabajo, comunicada en junio de 2024 por la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad Interna y Lavado de Activos asociados".
Detalló que "estas unidades están compuestas por 81 funcionarios policiales a lo largo del país y lideradas por un prefecto de la PDI. En paralelo, el Ministerio Público organizó jornadas de capacitación y coordinación para reforzar la actuación de sus equipos: fiscales, funcionarios policiales, y equipos de trabajo de la Policía de Investigaciones".
"La estrategia institucional ha combinado acciones de investigación intensiva con coordinación judicial, territorial y formativa. A abril de 2025, los resultados concretos del trabajo del Ministerio Público en el «Caso Convenios» dan cuenta de una persecución penal sostenida, estratégica y con impacto real”, aseguró
Y agregó que “a la fecha, 45 personas han sido formalizadas, cinco de ellas en más de una causa, lo que eleva el total a 50 formalizaciones. Existen además cuatro personas con audiencias de formalización ya solicitadas y un total de 134 RUC asociados al fenómeno delictivo, lo que refleja la magnitud y dispersión territorial del caso", precisó.
Valencia detalló que "se han llevado a cabo 25 audiencias de formalización y se ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para 25 imputados, lo que muestra la gravedad de los hechos investigados y el sustento probatorio con que se ha actuado. El monto total investigado a nivel nacional supera los $70 mil millones de pesos y ya se han presentado dos solicitudes de desafuero contra autoridades con fuero parlamentario, en las regiones de La Araucanía y Antofagasta".
El Fiscal Nacional señaló que en 2024, la Fiscalía demostró con "firmeza su compromiso institucional, convicción democrática y profunda determinación en la persecución penal de los delitos más graves que han conmocionado a la opinión pública nacional e internacional".
Asimismo, aseguró que "no hemos titubeado en investigar con el mismo rigor a redes de corrupción de alto nivel, como en el «Caso Convenios», el «Caso Hermosilla» o los crímenes de carácter internacional, como el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda".
A su juicio, "la misma determinación ha guiado las investigaciones del crimen organizado, como en el caso del brazo del Tren de Aragua en Arica, "Los Gallegos", donde se imputó a decenas de integrantes por planear atentados y ejecutar acciones delictivas con una violencia inédita”, señaló.
Y comentó que “ese rigor ha marcado también la investigación de casos dolorosos para el país, como el asesinato de los tres carabineros en abril del año pasado, o los incendios de Valparaíso que causaron la muerte de tantas y tantos compatriotas".
Además, resaló que han "actuado con convicción en causas que involucran a autoridades públicas, como el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, la ex alcaldesa Cathy Barriga o el exalcalde Daniel Jadue".
"La Fiscalía ha respondido con igual celo combatiendo la impunidad sin excepciones ni distinciones, y guiándonos únicamente por el mandato constitucional de dirigir la investigación, ejercer la acción penal pública y proteger a víctimas y testigos", sentenció.
En otro tema Ángel Valencia resaltó que en noviembre de 2023, bajo el marco del plan "Calles sin Violencia", "nació el proyecto ECOH, Equipos de Crimen Organizado y Homicidios: una respuesta concreta, innovadora y multidisciplinaria para enfrentar homicidios, secuestros y delitos vinculados al crimen organizado".
Dichos equipos han tramitado mil 586 casos a nivel nacional, con presencia en 10 regiones del país. Infraestructura En materia de infraestructura, Valencia expresó que en 2024 se avanzó en la construcción de las fiscalías locales de Parral, Carahue, Puerto Varas y de Río Negro. Además de la ampliación y mejoramiento de la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.
En diciembre, la Fiscalía Metropolitana Occidente y el Municipio de Maipú, acordaron la entrega en comodato de un terreno municipal para levantar la nueva Fiscalía de Maipú-Cerrillos y la Fiscalía Regional. Y se instalaron tres nuevas fiscalías en zonas fronterizas como son Colchane, en Cabo de Hornos y en San Pedro de Atacama.
Valencia también se refirió a las cuestionadas filtraciones de investigaciones, así indicó que en 2024, "hemos adoptado múltiples medidas en el ámbito informático con el objetivo de asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales, para así resguardar el acceso a los sistemas y bases de datos institucionales. Lo anterior, dirigido a impedir el acceso indebido a los sistemas informáticos del Ministerio Público y prevenir posibles filtraciones".
“La protección de la información no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético que guía nuestras acciones”, expresó, añadiendo que “como Ministerio Público, comprendemos que el resguardo de los datos sensibles no solo fortalece la confianza ciudadana en nuestra institución, sino que también es una condición indispensable para asegurar una persecución penal legítima, eficaz y respetuosa de los derechos humanos”.
Junto a ello, habilitaron funcionalidades que permiten la trazabilidad de acceso a sus sistemas informáticos. "Para contar con este nivel avanzado de protección de antecedentes y el control de accesos, a partir de este año y hasta el 2028, realizaremos una inversión adicional de más de $3 mil doscientos millones de pesos, representando un 41% del gasto total que se efectuará en este tipo de licencias. Sabemos que esto no erradica la posibilidad de que la información de una carpeta investigativa llegue a terceros ajenos a la causa, pero esperamos contribuir de manera significativa a obstaculizar que ello ocurra", precisó.
Además, dijo que "desde octubre de 2023 a la fecha- ha iniciado un total de 25 investigaciones administrativas que involucran a 39 funcionarios y funcionarias de la institución, motivadas por el acceso indebido y no autorizado a causas penales".
PURANOTICIA
